Patada hacia adelante. El Ministerio de Hacienda ganó este lunes un tiempo precioso para terminar de cerrar con sus socios la reforma fiscal que prometió a Bruselas, aplazando hasta el jueves el debate sobre el dictamen del proyecto de ley que contempla todas las medidas fiscales, impidiendo así la votación en el Congreso que tendrá lugar este lunes. semana y tendrá lugar, como muy pronto, en el pleno de la próxima semana.

A la vicepresidenta María Jesús Montero le está costando encajar las piezas de la reforma fiscal. El titular de Hacienda está liderando las negociaciones con los partidos para sacar adelante la norma y en el Govern priorizaron mirar a la derecha, a Junts y PNV, para marcar el marco de las modificaciones antes de centrarse en sus socios de izquierda.

Este lunes, PSOE y Sumar anunciaron el acuerdo para el paquete fiscal con varias figuras nuevas: un impuesto a bienes de lujo como yates o jets privados; un IVA del 21% a las viviendas de uso turístico; o la eliminación del régimen fiscal para las socimis, entre algunas de las medidas acordadas.

Sin embargo, la eliminación del impuesto energético, una demanda de los socios de la derecha, puede tumbar toda la reforma fiscal, ya que ERC, EH Bildu y Podemos la consideran una línea roja.

El Ministerio de Hacienda reconoce que el ajuste a estos cambios en el sistema tributario no es fácil. De hecho, no descartan llegar al Pleno del Congreso sólo con los acuerdos firmados con Junts, PNV y Sumar, una mayoría insuficiente para sacar adelante la norma. Todo el paquete fiscal decaería si el Congreso rechaza las enmiendas, lo que supondría eliminar el nuevo impuesto bancario, el nuevo impuesto a los vapeadores o los aumentos del impuesto sobre la renta de las personas físicas sobre las rentas del capital.

Además, las mismas fuentes gubernamentales reconocen que el margen es muy estrecho. Una concesión a Podemos, por ejemplo, que registró enmiendas para gravar el queroseno o fijar un impuesto a los billetes de avión, podría alejar al PNV y Junts del acuerdo final. Por eso quizás algunos de los impuestos no salen adelante por la precaria mayoría parlamentaria.

El nudo gordiano es el impuesto a la energía. «Cualquier medida que pretenda favorecer a los bancos y a las eléctricas no encontrará nuestro apoyo», advirtió la diputada de ERC Pilar Vallugera, después de que se suspendiera la reunión de los diputados de Hacienda de este lunes. Los republicanos trasladaron al PSOE su voto negativo a cualquier reforma sin el impuesto energético, lo que provocó el retraso en el nombramiento.

«No van a contar con nuestros votos. De momento, no tienen los votos para devolver privilegios a las energéticas, e insistimos al PSOE en que en lugar de pactar con la derecha suponiendo que ya tienen los votos de la izquierda, pacten por la izquierda, pacten cosas que son justas», afirmó este lunes la eurodiputada de Podemos y líder ‘de facto’ del partido morado, Irene Montero.

Sin embargo, Junts y PNV fueron tajantes: potenciales desinversiones en el País Vasco y Cataluña fueron la clave para tumbar una de las medidas estrella del Gobierno de Pedro Sánchez. Aunque, tras la normalización de los precios de la energía, este impuesto al sector parecía innecesario.

De momento, la reforma fiscal contaría con 121 votos a favor del PSOE (incluido el exministro José Luis Ábalos, ahora en el Grupo Mixto), los 27 diputados de Sumar, los 5 del PNV y los 7 de Junts. 160 diputados en total, a 16 votos de la mayoría absoluta del Congreso. Por eso los escaños de ERC (7), EH Bildu (6) y Podemos (4) son fundamentales.

El Gobierno ha comprometido dos veces esta reforma con Bruselas: una, para recibir 7.000 millones de euros de fondos europeos. Y otro, como parte del Plan Fiscal Estructural de Mediano Plazo de las nuevas reglas fiscales. Ahora todo eso está en el aire.