España tendrá un déficit de 2,7 millones de viviendas en quince años si se mantiene el ritmo actual de construcción y creación de hogares
Si el problema de déficit de vivienda actual Ya es grave, dentro de quince años será alarmante para el sector inmobiliario si no se toman las medidas necesarias para acelerar el ritmo de producción. Según informó hoy el asociación de promotores (APCE) y la consultora Colliers En la presentación del informe “Necesidad de suelo en España 2024”, desde 2014 se han encadenado déficits de producción debido al desequilibrio entre oferta y demanda que ha llevado a que actualmente alcance 450.000 viviendas. Y la situación, según han advertido, va a empeorar a tenor de las proyecciones del INE sobre la creación neta de hogares, que sigue aumentando a un ritmo de 250.000 al año debido a la inmigración y al tamaño medio de las viviendas, que van en aumento. . se está reduciendo cada vez más; y el ritmo actual de producción de viviendas, que no llega a las 88.000 unidades al año. Todo ello hará que, si la oferta y la demanda mantienen estos ritmos, El déficit de vivienda aumentará exponencialmente, alcanzando un total de más de 2,74 millones de unidades en 2039.
La situación, según el informe, es especialmente compleja en lugares como Canarias o Valencia, donde las viviendas crecen a un ritmo siete y cinco veces más rápido, respectivamente, que la construcción.
Para la APCE y Colliers, la razón fundamental detrás de la escasez de producción de viviendas es la falta de suelo. Como denuncia el informe, la transformación de un suelo desde que deja de ser clasificado como suelo rústico hasta que se convierte en suelo consolidado y edificable es un proceso lento y complejo que requiere entre diez y quince añosen algunos casos llegan a los veinte. Para poner en perspectiva lo que esto significa, el Presidente de Colliers, Mikel EchavarenRecordó que Estados Unidos tardó siete años en llevar al hombre a la Luna.
Razones
Detrás de este lento plazo se esconde complejidad regulatoria, inseguridad jurídica, lentitud burocrática, falta de financiación, desafíos, regulaciones obsoletas o cambios políticos, según informa el presidente de la asociación de promotores APCEspaña, Xavier Vilajoana.
Echavaren explicó que esta escasez de suelo, sumada al aumento de los costes de construcción, la falta de mano de obra cualificada y el aumento de materiales, ha provocado «la reducción de márgenes y el descenso de las cifras de producción de viviendas».
Este retraso conlleva también falta de inversión por incertidumbre en plazos y costes de desarrollo, mayor dificultad para acceder a la vivienda, sobretensión económica y desigualdad entre habitantes o modificación de hitos urbanos, añade el informe.
En cuanto a la inversión, Echavaren destacó, por ejemplo, que este año no se ha invertido ni un euro en suelo precisamente por esta inseguridad jurídica que reina actualmente en el sector. «No hay capital para fabricar el doble de viviendas. Y desde 2017, el crédito al sector promotor ha caído casi un 40%. No hay capacidad ni voluntad de financiación. Y, además, no hay suelo»ha resumido el directivo.
Tanto Vilajoana como Echavaren han destacado que la caída de la inversión es generalizada en el sector. El directivo de Colliers explicó, por ejemplo, que, en el caso del segmento de alquiler, en Cataluña el interés de algunos fondos es entrar con el objetivo de vender las viviendas de forma unitaria. Ambos han destacado que los inversores prefieren poner su dinero en países más seguros y que decisiones como modificar la fiscalidad de las SOCIMI no ayudarán.
Propuestas
Para acabar con los problemas en materia de suelo urbanizable, el informe propone mejorar la coordinación entre administraciones y garantizar una oferta constante de suelo urbanizable en un plazo razonable, optimizar la gestión de los procesos administrativos o una mayor rapidez en la resolución de problemas burocráticos con figuras como el urbanismo agente de desarrollo.
A corto plazo, exigen la concesión de ayudas para la rehabilitación del «stock» existente, permitiendo cambios de uso a residencial, facilitando la puesta en marcha de nuevas viviendas sin necesidad de desarrollar nuevas zonas urbanas, facilidades en la financiación de obras con la construcción paralizada o modificar las normas municipales que determinan la edificabilidad residencial.
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