Durante años los estándares internacionales establecidos saltaron al aire. Como ejemplo, la invasión rusa a Ucrania y las sanciones occidentales, medidas si se tiene en cuenta que hay países que todavía compran gas a Moscú. O que después de reactivar el genocidio en darfur (Sudán), el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, escribió un aséptico tuit en el que afirmó sentirse devastado. Sin embargo, el último ejemplo de este caos internacional en el que estamos inmersos lo tenemos en Mali, donde la junta militar que gobierna el país desde el golpe de Estado de 2021 El director general de la minera Resolut fue detenido hace diez díasTerry Holohan, para resolver una disputa financiera.

La empresa australiana, que opera en Mali y Senegal, mantiene desde hace varios meses un desacuerdo con el Gobierno maliense. En concreto, las autoridades del país africano exigieron a Resolut 100 millones de francos CFA (152.360 euros) en impuestos atrasados. Por su parte, la empresa asegura que «ha seguido todos los procesos oficiales respecto de sus asuntos y ha brindado a las autoridades respuestas detalladas de las operaciones realizadas». Pero las autoridades malienses lo niegan. Así, con la intención de encontrar una solución, Holohan decidió viajar a Bamako, la capital de Mali.

Sin embargo, a su llegada, el empresario y otras dos personas que lo acompañaban fueron detenidos en el hotel para ser interrogados. Han pasado diez días desde entonces y los tres siguen encarcelados, pese a que fuentes diplomáticas británicas sostienen que «los están tratando bien». En un mundo proporcionado, el Gobierno maliense habría acudido a los tribunales correspondientes para dirimir la cuestión, pero, al parecer, la vía legal parecía insuficiente para los militares en el poder. O tal vez demasiado lento. En cambio, parecen haber encontrado una alternativa válida en el arresto del director general de la empresa, acusado de falsificación y daño a la propiedad pública.

Inmediatamente después de conocer lo sucedido, las acciones de la minera se desplomaron un 33% en la bolsa de valores. Se trata de su mayor caída desde 1988 y obliga al Gobierno australiano a suspender temporalmente la venta de acciones de la empresa.

El rescate: 160 millones

La disputa giró en torno a la Ubicación minera de Syamaconocida por sus importantes yacimientos de oro, y en la que el Gobierno de Malí tiene el 20% de las acciones. Después de varios días, esta semana se supo que Resolute pagará al Gobierno de Malí 160 millones de dólares como un «rescate» por parte de su CEO. Inmediatamente se embolsaron unos 80 millones de dólares, mientras que el resto se pagará en los próximos meses. Además, una de las condiciones para la liberación de Holohan es la firma de un memorando de entendimiento entre la empresa minera y el gobierno maliense. Pero, pese a todo lo firmado (y pagado), lo cierto es que Holohan sigue en prisión, pese a que Reino Unido y Australia intentan garantizar su liberación.

Hace varios años, la junta militar de Mali inició una agresiva campaña de renegociaciones con el sector minero, en su intento por aumentar la participación estatal en las minas del 20% al 35%. Desde entonces, el secuestro y la extorsión se han convertido en sus métodos preferidos. El pasado mes de octubre, las autoridades malienses acusaron a la empresa minera Barrick Gold incumplirá acuerdos firmó y arrestó a cuatro de sus empleados después de acusarlos de «delitos financieros».

En un comunicado posterior, la junta militar indicó que había decidido extraer todas las consecuencias jurídicas derivadas de las acciones tomadas por la minera y amenazó con retirar sus concesiones para el yacimiento Loulo-Gounkoto. En esta línea, tres distintas fuentes dijeron a la agencia de noticias Reuters que los malienses exigieron el pago de más de 500 millones de dólares en impuestos atrasados, de los que finalmente se pagaron 80 millones como «gesto de buena fe», según un comunicado de la empresa.

Aunque puede ser lógico que Mali busque ampliar el control sobre sus propios recursos -en parte motivado por el nuevo panafricanismo que se está extendiendo por África Occidental-, son muchas las voces que cuestionan la agresividad de sus métodos. Las detenciones se han realizado bajo acusaciones concretas, pero no se han hecho públicos los detalles, lo que permitiría decidir si han sido encarcelados legalmente o si simplemente han sido secuestrados como parte de un chantaje.

Al respecto, un diplomático europeo acostumbrado a trabajar con la junta militar del Sahel expresó hace unos días a EL ESPAÑOL lo difícil que es colaborar con los Gobiernos de Mali, Níger y Burkina Faso. Según afirmó, el Los militares «se impacientan» rápidamente a la hora de enfrentarse a los mecanismos burocráticos de las organizaciones internacionales y tienden a buscar atajos o, en todo caso, a buscar asociaciones con otras naciones, como por ejemplo con Rusia. Sin embargo, parece que no sienten la necesidad de seguir un orden internacional que evite grandes desastres.