los efectos en Latinoamérica de los recortes de Trump
El equipo de cerca de 200 trabajadores humanitarios se ha quedado en apenas 30, en cuestión de meses. La sede en Perú de la agencia de la ONU destinada a la protección del migrante, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) se ha reducido a casi una décima parte desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Desde Lima, Marco Pellizzon coordinaba una de las unidades de la OIM destinadas a recibir a las millones de personas que huyen de Venezuela a Perú, país vecino y uno de los que más refugiados ha acogido. Pero lejos de valerle un cumplido de Estados Unidos, para quien, en cierta manera hacía de freno migratorio, Trump encontró el argumento perfecto para ir contra esta organización. “La Administración Trump alegó que favorecíamos la migración de venezolanos a Estados Unidos, pero no es así. Fue un acto meramente político”, explica a EL PERIÓDICO Pellizzon.
Pero la misión de la OIM es justamente la contraria. “Se trata de programas para salir de países en conflicto. En realidad, la mayoría preferirían ir a Estados Unidos pero se les ayuda a relocalizarse en países vecinos”, razona. Este recorte abrupto de financiación en un programa de acogida local contrasta con otras medidas adoptadas por el propio Gobierno de Trump. Por un lado, busca acuerdos con países de tránsito como México para contener las entradas por la frontera sur de EEUU, mientras al mismo tiempo retira el apoyo a programas que, con garantías humanitarias, contribuían a reducir la presión migratoria hacia el norte.
Desde su regreso a la Casa Blanca en enero, Donald Trump ha desmantelado por completo la agencia USAID y ha concentrado la poca ayuda exterior remanente de EEUU en el Departamento de Estado, con fuertes recortes presupuestarios, entre los que se encuentran los de la Oficina de Población, Refugiados y Migración, partidas clave para emergencias, protección y reasentamiento de personas desplazadas en zonas de conflicto como Sudán, Siria o Venezuela, que es la que reciben organizaciones como ACNUR y la OIM. En América Latina, algunos de los países más afectados por estos recortes son Colombia (que ya ha recibido cerca de 3 millones de refugiados venezolanos) y Perú (más de 1,5 millones). La suspensión ha dejado sin recursos suficientes para atender cada vez más necesidades.
“Encontrarán otras formas de huir”
En Colombia, ACNUR ha tenido que reducir su personal a la mitad desde el inicio de los recortes y se calcula que unos 63.000 desplazados forzosos provenientes de Venezuela se quedan sin ningún tipo de ayuda, mientras 105.000 personas más que ya están en el sistema de ayuda pueden verse en la calle. En concreto, un programa que protegía a más de 17.000 niños del reclutamiento infantil por parte de grupos armados, han quedado ahora a merced.
Las organizaciones locales colombianas tampoco están pudiendo suplir este vacío. Muchas han cerrado. “Todos y cada uno de los programas de desarrollo fueron cancelados. Todos los contratos, todos los socios. Una vez Trump envió la lista al Congreso, todo se terminó”, narra Jessica, que dirigía una ONG local en Colombia, pero que prefiere no revelar su identidad por temor a represalias aún mayores del Gobierno de EEUU.
“Ni siquiera tenemos a nadie en USAID con quién coordinar el final de los programas”, lamenta esta trabajadora humanitaria. Eso hace, por ejemplo, que los almacenes se queden llenos con material médico que caducará pronto, si no lo ha hecho ya, y que muchos sueldos del último mes no se paguen. “Es un caos”, explica, frustrada y desbordada.
El reto de contactar a los beneficiarios de programas rescindidos recae ahora en la buena voluntad del personal técnico, que deberá hacerlo sin apoyo ni compensación. No será fácil: algunos necesitan atención médica continua, otros esperan ayudas para escolarizar a sus hijos o forman parte de programas de reasentamiento. Muchos viven en condiciones precarias, sin conectividad o en vulnerabilidad extrema que, si no reciben respuesta, lo perciben como un nuevo abandono del sistema, o peor aún, como un fracaso personal que genera vergüenza.
“No tiene sentido. En este momento no estamos viendo grandes flujos de migrantes, y la Administración Trump lo interpreta como un logro, pero no lo es. Quizá a más largo plazo, pero encontrarán formas de huir de su país igualmente”, si bien tras soportar más sufrimiento, y por rutas más peligrosas, concluye Jessica.
Trump y el rearme: prioridades
La crisis de financiación afecta a organizaciones grandes y pequeñas por igual, y lo que más preocupa es que genere un efecto contagio a otros donantes. “Seguimos muy preocupados por esta crisis extremadamente grave de financiación tras la decisión de Estados Unidos, nuestro mayor donante, de revisar sus programas de asistencia exterior”, afirma a este diario Paula Barrachina, portavoz de ACNUR. Además, una cuarta parte de los principales donantes de la organización han advertido de planes idénticos de reducir su ayuda internacional, sea por motivaciones políticas o para redirigir los presupuestos a otras prioridades actuales, como el rearme.
Con esta reducción drástica, ACNUR ya se ha visto obligada a cerrar o reducir el tamaño de oficinas en todo el mundo, incluida una reducción de cerca del 50% de puestos de trabajo en Ginebra y oficinas regionales. Se suprimirán aproximadamente 3.500 puestos de trabajo y se han visto afectados programas fundamentales que incluyen desde ayuda financiera a las familias vulnerables hasta salud, educación, y agua y saneamiento.
“Nos preocupa profundamente la creciente brecha entre las necesidades humanitarias alrededor del mundo y los recursos disponibles”, enfatiza, “que tendrá repercusión en millones de personas desplazadas por la guerra y la persecución”, concluye.
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