Y este crecimiento sólo será posible si contamos con redes de transporte y distribución eléctricas sólidas y modernas, preparadas para sostener el cambio.

Las redes eléctricas son esos cables -a veces visibles, a veces enterrados- que hacen que todo funcione. Ellos no tienen el glamour de un parque eólico o de un vehículo eléctrico, y sólo los recordamos cuando tenemos un fallo de suministro o cuando intentamos conectar un nuevo proyecto y descubrimos que no hay capacidad disponible.

Sin embargo, la invisibilidad de las redes eléctricas no las hace menos cruciales. De lo contrario, Aunque discretos, son la columna vertebral del sistema.

En un modelo energético en transformación, la fortaleza y disponibilidad de la electricidad dependen de nuestra voluntad de invertir en la modernización de estas infraestructuras. Cómo regulamos y cuánto remuneramos las redes eléctricas es una pieza clave, porque de ese diseño depende si convertirse en una palanca de la transición o en su principal cuello de botella.

No se trata de pagar más, sino de invertir en el futuro: en resiliencia, digitalización y capacidad de integrar renovables y nuevos usos eléctricos

Aunque a priori parezca extraño, la fórmula con la que vamos a remunerar y pagar las redes eléctricas en los próximos seis años no es un mero trámite técnico ni un debate reservado a especialistas: es una decisión de país. lo que se decide marcará el ritmo de la transición energéticala competitividad de nuestra economía y, finalmente, el bienestar social.

Desgraciadamente, tanto las propias empresas distribuidoras de electricidad, como organizaciones empresariales, las comunidades autónomas e incluso el propio Ministerio, han advertido de que el modelo retributivo propuesto por el Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) Es insuficiente y no nos permitirá realizar las inversiones necesarias para avanzar en la electrificación y descarbonización de nuestra economía. Es hora de escuchar activamente.

El dilema gira en torno a dos enfoques. El primero, conservador, anclado en la idea de que la demanda eléctrica crecerá poco y que, con pequeñas mejoras en la gestión de las redes, haciéndolas más inteligentes y fomentando su óptimo uso, será suficiente para absorber los cambios.

Se presenta como una defensa del consumidor bajo la premisa de contención de costos, en un escenario en el que No hay cambios importantes a corto plazo en el sistema energético y existen riesgos de sobreinversión.

Pero esa visión olvida que la demanda y las nuevas oportunidades de crecimiento económico no despegarán por sí solas si la infraestructura no está preparada, por lo que corre el riesgo de convertirse en una profecía autocumplida.

Esta necesidad no es teórica: En 2024 se registraron más de 60 GW en solicitudes de conexiónpero sólo alrededor del 10% han podido ser aceptados, consecuencia de la saturación de la red.

El segundo enfoque es audaz y entiende que la red es la condición habilitante para la electrificación y el avance de la transición energética.

No se trata de pagar más, sino de invertir en el futuro: en resiliencia, digitalización y capacidad de integrar renovables y nuevos usos eléctricos. Este enfoque reconoce que El riesgo real no es invertir demasiado, sino quedarse corto.

El éxito de la fibra es un ejemplo de cómo una regulación bien dirigida puede facilitar el futuro

Y esto se debe a que los efectos sobre el bienestar del consumidor no son simétricos: las consecuencias de un error a la baja se amplifican en comparación con las de un error al alza.

Es una forma de falla regulatoria con importantes efectos adversos si causa una disminución en la confiabilidad y resiliencia de la red y si reduce las oportunidades de crecimiento económico. No olvidemos eso No sólo España apuesta por la transición energética.

Aunque los detractores de este enfoque utilizan como principal argumento el impacto en la factura, su visión omite una pieza clave: estas inversiones son el motor del crecimiento de la demanda eléctrica que, Al ampliar la base de consumo, puede absorber y compensar los costos de la modernización.

Las experiencias recientes en materia de regulación nos enseñan la importancia del enfoque correcto y que la regulación es, de hecho, un arte. Basta mirar otros sectores regulados.

La decisión sobre cómo regular y remunerar las redes de distribución en los próximos años será decisiva para el modelo energético que queremos construir.

En el caso de las telecomunicaciones, los organismos reguladores impulsaron una regulación valiente, enfocada al desarrollo y despliegue de infraestructura que impulsó el despliegue masivo de la fibra óptica en nuestro país.

La visión regulatoria permitió a múltiples operadores invertir en una red de alta capacidad, acelerando la digitalización de España y mejorando drásticamente el servicio a los ciudadanos. El éxito de la fibra es un ejemplo de cómo una regulación bien dirigida puede facilitar el futuro.

Por el contrario, la liberalización ferroviaria nos recuerda los peligros de una planificación insuficiente. La falta de una previsión adecuada del uso de la red y la necesidad de nuevas inversiones está generando cuellos de botella y limitando el potencial de crecimiento del sector.

La desconexión entre la modernización de las infraestructuras y las señales regulatorias para su uso ha demostrado que la anticipación es clave. Un mercado puede abrirse, pero si la red que lo sustenta no está preparada, la liberalización conlleva costos, no sólo monetarios sino también reputacionales.

Ahora nos enfrentamos a una encrucijada similar con la red eléctrica. La decisión sobre cómo regular y remunerar las redes de distribución en los próximos años será decisiva para el modelo energético que queremos construir.

España debe decidir si opta por una visión de futuro audaz y transformadora, como la que dio forma a la red de fibra óptica, o por un modelo conservador que pueda replicar las lecciones negativas del sector ferroviario, comprometiendo su liderazgo en la transición energética y su capacidad de competir. en la economía verde del mañana.

La CNMC tiene en sus manos la posibilidad de convertirse en un aliado estratégico de la transición energética impulsando una regulación eficiente.

Regular con prudencia contable puede parecer sensato en el corto plazo si la confiabilidad del sistema no se ve comprometida, pero regular con visión estratégica es lo que permite que la transición se produzca en la práctica y que se abran nuevas oportunidades. Invertir en redes no es excesivo: es garantizar que la transición energética sea posible.

El caso es decidir si queremos que la infraestructura sea un freno o un catalizadorporque sin redes no hay transición, y sin transición no hay futuro que aproveche todo nuestro potencial.

La CNMC tiene en sus manos la posibilidad de convertirse en un aliado estratégico de la transición energética, impulsando una regulación eficiente que permita a España liderar la electrificación, garantizar la seguridad energética y competir sólidamente en los mercados europeos y globales.

*** María Fernández Pérez, fue vicepresidenta de la CNMC entre 2013 y 2020.