Visto para sentencia el juicio contra el fiscal general del estadoÁlvaro García Ortiz, es el turno de los siete magistrados de la Segunda Sala de la Corte Suprema que, encabezados por el presidente de la Sala Penal, Andrés Martínez Arrieta, deberán decidir si absuelven o condenan al titular del Ministerio Público en una sentencia que, como todo el procedimiento, no tiene precedentes en la historia de España.

El tribunal deberá responder a las principales cuestiones que se han planteado a lo largo de la audiencia oral, en la que se han vinculado testimonios sobre la filtración periodística que, la noche del 13 de marzo de 2024, hizo saber a la opinión pública que Alberto González Amadornovio del presidente de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayusohabía autorizado a su abogado a reconocer que había cometido dos delitos fiscales en los años 2020 y 2021.

Las acusaciones piden penas de hasta seis años de prisión por revelación de secretos y la Fiscalía y la Abogacía del Estado, que defiende a García Ortiz, exigen la absolución gratuita. Estas son las principales cuestiones sobre las que los miembros de la Cámara tendrán que reflexionar a partir de hoy:

¿Se puede atribuir la filtración a García Ortiz?

El principal indicio que manejan las acusaciones son las declaraciones de la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, contra negar El bulo que dice la jefa de Gabinete de AyusoMiguel Ángel Rodríguez, lanzó asegurando que la oferta de acuerdo de acuerdo con González Amador había venido de la Fiscalía y que había sido abortada desde la cúpula de la institución por motivos políticos. «Habéis filtrado los correos», le espetó, a lo que García Ortiz habría respondido, según su relato, que «eso ya no importa». El fiscal general negó categóricamente esta conversación, que atribuye a la «desafección» que siente Lastra por él y su equipo, al tiempo que aseguró que nadie se dirigiría al máximo responsable de la Fiscalía en esos términos.

En una línea similar va el testimonio del decano del Colegio de Abogados de Madrid, Eugenio Ribón, quien destacó la vulneración del derecho de defensa y del secreto de las comunicaciones que supuso la filtración, para luego acusar a García Ortiz de querer poner «agua caliente» y cerrar falsamente el asunto. En cualquier caso, admitió que el principal afectado por la revelación, Carlos Neira, abogado de González Amador, nunca pidió protección a la institución.

¿El fiscal general limpió sus dispositivos para eliminar pruebas?

A estos indicios periféricos se suma la eliminación de los números de teléfono y de la cuenta de correo Gmail que García Ortiz llevó a cabo los días 16 y 23 de octubre, y que fueron detectados y explicados en el juicio por el teniente coronel de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Antonio Balas, y sus colaboradores.

El acusado justificó este borrado por motivos de seguridad y aseguró que lo hacía periódicamente cada mes debido a la importancia de la información que acumulaba en sus dispositivos. «Si dejo mi móvil en un bar, estoy poniendo en peligro a mucha gente», afirmó.

¿Cuándo y dónde ocurrió la revelación de los secretos?

Otra pregunta que los magistrados deberán responder en su fallo es cuándo y dónde se produjo la revelación de secretos denunciada por Alberto González Amador. La tesis de la UCO y la investigación que se inició en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y que completó el juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado es que esta revelación Ocurrió a las 23:51 horas del 13 de marzo.con la noticia difundida por ‘Cadena Ser’ en la que se informa del correo electrónico del 2 de febrero de 2024 en el que el abogado del novio de Ayuso informaba que «con seguridad» su cliente había cometido «dos delitos contra el erario público».

La Fiscalía y la defensa sostienen que el secreto fue revelado en la web de laSextaque a las 22.10 horas publicó que la oferta de acuerdo incluía dos delitos fiscales y que había sido propuesta por la defensa de González Amador y no por el fiscal del caso, Julián Salto, quien simplemente accedió a estudiar su propuesta en un correo electrónico que escribió el 12 de marzo. Aquella comunicación fue publicada en ‘El Mundo’ con la versión dañada que Rodríguez estaba brindando a «su gente», como dijo en el juicio la pareja del presidente, en referencia a la lista de periodistas a los que envió un mensaje.

La jurisprudencia de la Corte Suprema establece que «Lo que ya ha sido revelado no puede ser revelado»por lo que en teoría la primera filtración de datos anularía todas las demás, incluida la nota de prensa que la Fiscalía Provincial de Madrid emitió la mañana del 14 de marzo, en la que se incluía un extracto del correo electrónico de Neira. «Lo hicimos para que la nota no quedara coja», afirmó García Ortiz.

¿Cuánto pesa el testimonio de los periodistas?

Los destinatarios finales de la filtración fueron los periodistas que recibieron la información y que publicaron en nuestros medios los extractos del correo electrónico objeto de polémica. Al menos Cuatro de nosotros declaramos que manejamos la información que provocó la revelación del secreto antes de que el Fiscal General del Estado recibiera en su correo electrónico el expediente completo de González Amador.algo que la instrucción confirmó ocurrió a las 21:59 horas de ese día 13 de marzo. En laSexta demostramos que la información sobre la oferta de acuerdo se subió al chat judicial de la cadena a las 21.54 horas y se difundió a través de la web 16 minutos después.

El «dilema moral» al que se enfrentan los informantes lo resumió el periodista de ‘Eldiario.es’ José Precedo, que afirmó en el juicio: «Es una persona que sé que es inocente porque conozco la fuente, pero no puedo decirlo por secreto profesional».

¿Podrían anularse los registros en los que se basa toda la instrucción?

La investigación contra García Ortiz Se basa en los registros que realizó la UCO el 30 de octubre de 2024 en el despacho de la fiscal general y de la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, que no habían borrado sus dispositivos. Los agentes han reconocido en el juicio que se llevaron todo el contenido de los aparatos y que posteriormente los borraron para cumplir con lo establecido inicialmente por el juez instructor, Ángel Hurtado, que limitó el vertido de material entre el 8 de marzo y el 30 de octubre de 2024. Posteriormente, el magistrado limitó la investigación a sólo seis días, entre el 8 y el 14 de marzo.

La defensa de García Ortiz sostiene que estos registros son nulos porque violaron derechos fundamentales de su cliente.un activo que previsiblemente utilizará en un eventual recurso ante el Tribunal Constitucional. Los agentes se contradijeron en sus testimonios, ya que algunos explicaron que limitar el vertedero era «técnicamente imposible» y otros dijeron que se podría hacer pero que habría llevado «mucho tiempo».

¿Se puede condenar al fiscal general por infidelidad en la custodia de documentos?

Las acusaciones manejan una vía alternativa a la condena por revelación de secretos: que García Ortiz sea condenado por infidelidad en la custodia de documentos. Fue defendida el último día del juicio por el abogado de Manos Limpias, Víctor Soriano, argumentando que entre las facultades otorgadas al jefe de los fiscales estaba la de custodiar el documento que se filtró a los medios. Esta acusación no pide penas de prisión por este delito, pero sí Inhabilitación de tres años y multa de 144.000 euros.

¿Hay que indemnizar al novio de Ayuso?

La defensa de González Amador atribuye a García Ortiz unos «hechos delictivos» que le provocaron «un daño continuo e incesante a la intimidad, a la protección de datos, a la presunción de inocencia, al derecho de defensa y al honor de imposible restitución», por lo que reclama una indemnización por daño moral de 300.000 euros. «Me convertí en el criminal confeso del reino de España»gritó González Amador durante su declaración, en la que se preguntó: «¿Qué hago, me voy de España? ¿O me suicido?».

Su abogado, Gabriel Rodríguez Ramos, reclamó reparación del daño para su cliente tras sostener que medio Gobierno le calificó de «delincuente confeso» tras la creación, por parte de la Fiscalía, de un relato político e institucional basado en «la confesión y la culpa».

¿Es éticamente reprobable mentir en política? ¿Y tienes amnesia?

La derivada política del juicio es otra de las cuestiones que, aunque de forma indirecta, deberá abordar la sentencia del Tribunal Supremo.. Miguel Ángel Rodríguez aseguró en la instrucción que su versión del ofrecimiento de cumplimiento se basó en «deducciones» y «suposiciones» que hizo porque, por su edad, ya tiene «el pelo blanco». En el juicio, para evitar decir que lo inventó él, el asesor de Ayuso utilizó el eufemismo de que no tenía «ninguna fuente». «No tengo ninguna fuente. No soy un notario que necesita un certificado», argumentó.

En esta clave partidista hay que leer también el testimonio de la socialista Pilar Sánchez Acera, asesora del jefe de gabinete del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La mañana del 14 de marzo, el dirigente envió el correo electrónico del abogado de González Amador al entonces portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Juan Lobato, para que lo utilizara contra Ayuso. «Me lo envió un periodista local», dijo. Cuando se le preguntó quién, dijo que no lo recordaba. Cómo llegó ese correo electrónico a Moncloa es una de las grandes incógnitas del proceso que la sentencia no podrá despejar. Ese detalle, camuflado en la amnesia de Sánchez Acera, probablemente nunca se sepa.

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