El Principado no rebajará Sucesiones y Donaciones y afirma que las rebajas fiscales del PP impedirían cumplir con lo pactado con los profesores
El consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, ha afirmado en la Junta General del Principado que su departamento no prevé introducir nuevas modificaciones en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones y defendió su mantenimiento al considerar que “pone de manifiesto una capacidad contributiva” y contribuye a la redistribución. Peláez ha sido interpelado por el diputado del PP David Ruiz, quien ha reprochado la “línea roja” del Gobierno con este tributo y ha propuesto elevar las bonificaciones para las herencias, apoyándose en que la recaudación por sucesiones pasó de 65 millones en 2019 a 96 millones en 2024 (+47%).
[–>[–>[–>Peláez ha destacado que el Ejecutivo ya redujo al 2% la tributación de las primeras donaciones de hasta 150.000 euros para “facilitar” transmisiones inter vivos a clases medias y jóvenes, y que en sucesiones amplió al cuarto grado la bonificación del 99% para la empresa familiar cuando existe vinculación laboral. Sobre la petición popular de elevar bonificaciones, el consejero ha rechazado la propuesta al afirmar que “solo lo paga el 1% de los declarantes en herederos directos; el 99% está exento”, por lo que una rebaja general “bajaría impuestos al 1% de los principales patrimonios” y “perjudicaría la capacidad de gasto y la cohesión social”.
[–> [–>[–>Ruiz insistió en que los grupos III y IV siguen “injustamente tratados” y pidió al consejero que retome la “apertura” que, dijo, dejó entrever al inicio de la legislatura. “Podrían tener en sucesiones un gesto de valentía”, reclamó.
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Calendario presupuestario
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Interpelado por la fecha de presentación de los Presupuestos de 2026, Peláez señaló que el Gobierno trabaja a la espera del Consejo de Política Fiscal y Financiera del próximo lunes 17, donde se fijarán objetivos de estabilidad, entregas a cuenta y parámetros de financiación, y que con esos datos “en los días siguientes” se podrá registrar el proyecto, dejando margen a la negociación política en la Cámara.
[–>[–>[–>Ruiz criticó la falta de un rango concreto y preguntó por la posición del Principado ante la cita del Consejo de Política Fiscal y Financiera, en el que previsiblemente el Ministerio de Hacienda abrirá, aunque tímidamente, el debate sobre la reforma del sistema de financiación autonómica. También reprochó al Ejecutivo asturiano haber “desgajado” la reforma de los tributos cedidos del debate presupuestario.
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El consejero afeó la pregunta de los populares y su interés por la tramitación de un presupuesto que “ya han rechazado por activa y por pasiva” y advirtió de que el “saldo fiscal” que ocasionaría la reforma del IRPF planteada por los populares, cifrado en 200 millones, obligaría a recortes incompatibles con compromisos como el Pacto Asturias-Educa. Calificó el paquete del PP de “tremendamente regresivo”, al beneficiar “más a quienes más tienen” en IRPF y plantear rebajas en figuras que “solo pagan las grandes empresas”, como el IAE.
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[–>Política fiscal para la vivienda
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Preguntado por la carga fiscal en el acceso a la vivienda, Peláez esgrimió la “vía fiscal asturiana”: deducciones en IRPF para compra y alquiler, incentivo a propietarios que ofrecen alquiler asequible y tipos reducidos en Transmisiones Patrimoniales (ITP) y Actos Jurídicos Documentados (AJD), advirtiendo de que rebajas mal diseñadas pueden “echar más leña al fuego” de los precios.
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Ruiz, por su parte, propuso fijar el 0% para el impuesto de Transmisiones hasta 150.000 euros para jóvenes, víctimas de violencia de género y viviendas en zonas rurales, además de bajar un punto los tipos generales, y defendió que a nivel estatal la vivienda nueva pase del 10% al 4% de IVA. Peláez replicó que el PP asturiano aplaudió en la convención autonómica de los populares en OViedo aplicar el 4% de ITP a menores de 35 años —medida que el Principado ya tenía y que los populares no respaldaron al rechazar el presupuesto— y que ahora el PP asturiano reclama el 0%, algo que “no aplican” donde gobiernan. “Les pido un poco más de rigor”, zanjó.
[–>[–>[–>Vox afirma que las medidas fiscales contra la especulación no tendrán éxito
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También en la comisión de Hacienda, el consejero respondió a una pregunta del diputado de Vox, Gonzalo Centeno, sobre el impacto económico sobre las enmiendas pactadas por el Ejecutivo con la diputada del grupo mixto Covadonga Tomé relativas a gravar a los grandes tenedores de vivienda. Peláez afirmó la recaudación “está aún en evaluación”. Defendió, no obstante, que las modificaciones persiguen un objetivo extrafiscal: “garantizar el acceso a una vivienda digna” y enfriar un mercado tensionado mediante un tipo agravado del 20% para grandes tenedores y para compras destinadas a alojamiento turístico, con la finalidad de disuadir operaciones especulativas.
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Peláez subrayó que las enmiendas buscan evitar que la vivienda “se convierta en un activo financiero más” y contener los precios en zonas tensionadas. Eludió, sin embargo, ofrecer estimaciones de ingresos hasta cerrar los cálculos internos.
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El diputado de Vox Gonzalo Centeno cuestionó la “solvencia técnica” de la reforma y la coherencia del Gobierno autonómico. Recordó que el Impuesto de Transmisiones Pratimoniales es un impuesto indirecto, real, objetivo e instantáneo y sostuvo que la enmienda “se carga el concepto del impuesto de transmisiones” al usarlo con fines disuasorios. Tildó el texto de “mala copia del tributo en Cataluña y avisó de que la recaudación será nula.
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Centeno atribuyó la crisis de acceso a la vivienda al desplome de la construcción desde 2007-2008 y a la rigidez de la oferta, por lo que, argumentó, cualquier alza fiscal tenderá a trasladarse a precios. Peláez aceptó parte del diagnóstico sobre oferta y demanda, pero reivindicó la intervención pública: penalizar a grandes inversores y a compras para uso turístico con el fin de mantener viviendas en el mercado residencial y reducir la rentabilidad de operaciones especulativas.
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El consejero mantuvo que la reforma actúa dentro de las competencias autonómicas y que el recargo busca que “quien compra para vivir” no compita en peor posición frente a grandes operadores. Vox ratificó su rechazo y alertó de que la medida ni recaudará ni abaratará el acceso a la vivienda.
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