España avanza hacia un modelo social preocupante: más dependiente del Estado, con salarios estancados y una población creciente de ciudadanos atrapados en la exclusión. Los últimos datos del Ingreso Mínimo Vital (IMV) son el síntoma más visible de una enfermedad que va a peor: 2,36 millones de personas Ya dependen de este beneficio, distribuido en 773.272 viviendasy su crecimiento no es temporal. Sólo en el último año, el número de beneficiarios ha aumentado un 20% y las prestaciones activas un 19%. Lejos de generar preocupación, el Gobierno alardea de estas cifras como un éxito social, cuando en realidad revelan una fractura económica importante.

Desde su aprobación en 2020, el IMV ha acumulado un coste de 18 mil millones de eurosy sólo en octubre ascendió a 532 millones. Pero lo grave no es el coste, sino el efecto sobre el empleo. La AIReF ya ha advertido de que estas prestaciones aumentan el «salario de reserva», es decir, reducen el incentivo para trabajar: cobrar subvenciones puede reducir la probabilidad de aceptar un empleo entre un 12% y un 20%, especialmente entre los jóvenes. El 90% de los beneficiarios permanecen con la ayuda más de un año; 60%, más de tres. No es una red de emergencia: es una trampa de pobreza.

Al mismo tiempo, Los salarios españoles se alejan cada año de la media europea. El salario medio español en 2024 fue de 33.700 euros, frente a los 39.808 euros del conjunto de la UE. El desfase, que en 2008 era de apenas 1.341 euros, hoy supera los 6.100 euros anuales. Y, en términos relativos, el salario medio español sólo representa el 84,6% del salario europeo. La precariedad no es un discurso: es una estadística.

El deterioro social es evidente. España es hoy el segundo país de la Unión Europea con más niños en riesgo de pobreza o exclusión social: 34,6%, frente al 24,2% en Europa. En 2018, antes de la llegada de Pedro Sánchez, la cifra era del 30,5%. La población general también refleja un problema profundo: el 25,8% está en riesgo de pobreza, cinco puntos por encima de la media europea.

¿Para qué sirven entonces los registros de recaudación, el crecimiento del PIB o los fondos europeos? La realidad es que España es un país que presume de macroeconomía mientras su gente se desliza hacia la pobreza estructural. Si cada año más ciudadanos necesitan el IMV para sobrevivir, si los salarios se alejan de Europa y crece la exclusión, no estamos ante un éxito social: estamos ante el fracaso más elocuente de la política económica española.