El Ministerio de Función Pública y los sindicatos CSIF y UGT han cerrado este miércoles un acuerdo salarial para los empleados públicos -aún pendiente de valoración por parte de CCOO- con un incremento del 11% en cuatro años, que comenzará en la nómina el próximo diciembre con una subida del 2,5% correspondiente a 2025, con retroactividad a enero.

Le seguirá un incremento del 1,5% para 2026, al que se sumará otro 0,5% variable, que se cobraría en el primer trimestre de 2027 con efecto retroactivo si el índice de precios al consumo (IPC) iguala o supera el 1,5% a final de año, según fuentes sindicales. Para 2027, el incremento salarial se mantiene en el 4,5%, mientras que para 2028 será del 2%. Según los cálculos de la mesa de negociación, el incremento acumulado al final del período será del 11,4% por el efecto arrastre de consolidar el incremento en las tablas salariales cada año.

El Ministerio para la Transformación Digital y Función Pública se ha limitado a informar que ha alcanzado «Un principio de acuerdo con dos de las principales centrales sindicales, UGT y CSIF, y estamos a la espera de que CCOO también forme parte del mismo». “Este acuerdo supone un gran avance para los servidores públicos y además garantiza el poder adquisitivo de los empleados públicos hasta 2028”, añaden desde la cartera que encabeza Óscar López.

CSIF ha asegurado que firma el acuerdo por responsabilidad, ya que entiende que es el mejor acuerdo posible en las circunstancias actuales dada la inestabilidad política, el bloqueo presupuestario y las limitaciones económicas de la Unión Europea y el gasto en defensa que exige la OTAN. Sin embargo, asegura que su firma no es un cheque en blanco y que Se asegurará de que se cumplan todos los puntos acordados. en la comisión de seguimiento del acuerdo, que se formalizará en un plazo máximo de 15 días.

El acuerdo incluye el eliminación de la tasa de reposición para favorecer el refuerzo de la plantillasegún CSIF, que explica que también se han desbloqueado para la negociación otros temas, como la reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales o la regulación del teletrabajo en la Administración General del Estado.

Además, el Gobierno se ha comprometido a mejorar la calidad sanitaria del mutualismo administrativo, la conciliación, promoción interna o jubilaciónademás de acortar los procesos de selección, incrementar las asignaciones por residencia e isla, actualizar las retribuciones del personal que trabaja en el extranjero, reforzar la atención al cliente o adaptar la clasificación de los puestos de trabajo a las funciones reales.

Para la secretaria general de Servicios Públicos de UGT, Isabel Araque, se trata de «un gran acuerdo» en el que no sólo ganan los empleados públicos, sino también la calidad del servicio, e incluye una subida salarial del 11,4% teniendo en cuenta los desvíos que sirve para recuperar el 2,9% del poder adquisitivo. Además de que la subida salarial, dijo Araque, finaliza con una tasa de reposición, se garantiza que las ofertas públicas de empleo aumentarán en un año «y que la Administración está preparada para recibir a los nuevos y promocionar a los que están dentro».

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