BBVA ha retirado el recurso contencioso-administrativo que presentó ante el Tribunal Supremo contra el acuerdo del Consejo de Ministros que imponía condiciones adicionales para autorizar su opa de Sabadell, entre ellas no poder fusionar los dos bancos durante al menos tres años, ampliables a dos más, como ha informado El Español. Según fuentes de BBVA, la decisión de desistir se ha adoptado porque «el principal objetivo de la misma era dejar sin efecto la condición impuesta, que ya ha perdido su validez al no haber sido exitosa la opa».

A finales de junio, el Consejo de Ministros dio luz verde a la opa de BBVA sobre Sabadell con la condición de que ambas entidades no pudieran unirse en los próximos tres años, lo que a priori complicó la operación y retrasó la posibilidad de obtener los 850 millones de euros de ahorro previstos por BBVA. El banco consideró que el Gobierno no podía añadir condiciones a la operación a las que ya había fijado la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y sólo podía validarlas o rebajarlas. BBVA recurrió la decisión del Ejecutivo ante el Tribunal Supremo el 15 de julio, antes de conocerse que la Comisión Europea abría un expediente contra España por su actuación en la opa. La opa, cuya aprobación tardó 18 meses, se lanzó a principios de septiembre, pero fracasó el 16 de octubre, obteniendo sólo el 25,47% del capital de Sabadell.

Este recurso no paralizó la opa que, tras lanzarse en septiembre, se cerró en octubre con una aceptación del 25,4% de las acciones con derecho a voto, por debajo de los umbrales que necesitaba BBVA para continuar con la operación.

Fuentes jurídicas han explicado a Europa Press que la retirada del recurso responde a una cuestión técnico-jurídica derivada de que ha desaparecido el objetivo principal del recurso, es decir, que una vez desierta la opa ya no es necesario buscar la materialización de sinergias procedentes de una fusión entre ambas entidades. Pese a ello, las mismas fuentes señalan que la decisión de retirar el recurso no cambia la convicción de BBVA sobre la ilegalidad de la actuación del Gobierno en el proceso, algo que el banco ha dejado por escrito en su desistimiento.