España vuelve a destacar donde menos le conviene: en el podio de los países que más castigan el empleo. El cuña fiscal —la diferencia entre lo que paga la empresa y lo que finalmente llega al bolsillo del trabajador— ha alcanzado el 41% en 2024, seis puntos por encima de la media de la OCDE. Con esta cifra, España se consolida entre los quince Estados que imponen una mayor carga de trabajo… a pesar de que llevamos con los ingreso per cápita estancada, hoy apenas el 87% de la media europea. Un modelo agotado en el que las empresas pagan como si fuéramos un país rico, pero los salarios se comportan como si aún saliéramos de una crisis permanente.

El empleo se ha convertido en la gran mina de ingresos del Estado: uno de cada tres euros fiscales procede del trabajo, en un contexto en el que contribuciones sociales Se encuentran entre los más altos de Europa. La base mínima de cotización ha subido un 75% desde 2015 y la máxima un 34%. Y la factura no deja de crecer: Mecanismo de Equidad Intergeneracional seguirá encareciendo el empleo hasta 2029. Mientras tanto, el coste laboral medio supera ya los 3.256 euros por trabajador, con 840 destinados a «otros costes», principalmente impuestos y cotizaciones.

A esta presión creciente se suma un deterioro silencioso pero devastador: la salarios reales No han recuperado el golpe inflacionario de 2021-2023. Con aumentos de sólo el 2-2,5%, el poder adquisitivo sigue estando agobiado, lo que ralentiza el consumo y estrecha los márgenes empresariales.

Y, por si fuera poco, el brecha salarial con el sector público se dispara. Él Banco de España acaba de confirmar que España es la segunda economía de la zona euro con mayor diferencia salarial entre empleados públicos y privados: un 25% de media, que llega al 29% en los empleos menos cualificados. Una anomalía que se agrava si recordamos que España es uno de los países que más gasta en salarios públicos en relación a sus costes de producción, con alrededor de tres millones de funcionarios.

Todo esto ocurre en un país donde el productividad crece un pobre 1,7% anual, muy por debajo del aumento en costos laborales unitarios. El resultado es el previsible: más presión fiscal, menos competitividad y un mercado laboral incapaz de generar empleo estable y salarios dignos.

Los expertos coinciden: sin reforma fiscal y laboral que simplifica las cotizaciones, incentiva la productividad y reduce la brecha entre lo público y lo privado, España seguirá atrapada en su propia círculo vicioso. Y la factura, una vez más, recaerá sobre quienes trabajan.