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Hacienda retrasa un año la entrada en vigor del ‘Verifactu’, el sistema de facturación para pymes y autónomos

Hacienda retrasa un año la entrada en vigor del ‘Verifactu’, el sistema de facturación para pymes y autónomos
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  • Publisheddiciembre 2, 2025


El Ministerio de Hacienda pospondrá un año la entrada en vigor del nuevo sistema tributario. Comprobación de facturas de Verifact dar a las empresas más espacio para adaptarse.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Real Decreto-Ley que el Consejo de Ministros ha aprobado este martes, formando parte del Compromisos pendientes con Juntsincluye la ampliación del plazo para que las empresas digitalicen sus procesos de facturación en el ámbito fiscal.

Desde Hacienda precisan que la prórroga será por un año. Esto significa que el sistema Verifactu no será obligatorio antes del 1 de enero de 2027 para contribuyentes del impuesto de sociedades y hasta el 1 de julio de 2027 para otros profesionales y empresas.

Así funciona el sistema Verifactu

El sistema Verifactu requiere que el software de facturación genere un registro inalterable y accesible para la administración tributaria, ya sea enviando la información directamente o almacenándola con garantías de seguridad. Esta normativa afecta a todos los profesionales y empresas que utilizan software de facturación, a excepción de los ya acogidos al Suministro Inmediato de Información (SII) y los residentes en el País Vasco y Navarra. También quedan excluidos quienes emiten sus facturas manualmente.

La entrada en vigor de estas obligaciones estaba inicialmente prevista para el 1 de enero de 2026 para los contribuyentes del impuesto de sociedades y el 1 de julio del mismo año para el resto, pero finalmente se aplazó doce meses.

Sánchez también anunció que el real decreto-ley introduce una mayor flexibilidad para que los ayuntamientos puedan realizar inversiones financieramente sostenibles, es decir, aquellas que no computan en la regla de gasto. Con esta modificación, los municipios tendrán más facilidad para impulsar proyectos que no supongan un aumento de gastos corrientes, como la construcción de viviendas o la mejora de la gestión del agua, sin comprometer sus obligaciones tributarias.

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