Este es uno de los temas más controvertidos entre los países de la UE. Las batallas de 2015 en torno a la crisis de refugiados sirios todavía resuenan en Bruselas. Diez años después, la Comisión Europea está intentando cerrar las heridas y ahora lanza un verdadero Pacto sobre Migración dentro de la Unión.

Se espera que el próximo año, -12 de junio de 2026-, se publique el nuevo Pacto con el queLos países donde la presión migratoria sea más fuerte podrán beneficiarse de la solidaridad del resto de socios comunitarios.

En su reunión del lunes en Bruselas, el Consejo de la UE acordó que las transferencias para 2026 serán las siguientes: 21.000 mudanzas y 420 millones de euros en aportaciones financieras, cifras inferiores a las solicitadas por España (30.000 deslocalizaciones y 600 millones).

Hay cuatro países que probablemente se beneficiarán de ello: España, Chipre, Grecia e Italia. Cuatro Estados miembros que, según el informe de Bruselas, están experimentando una importante presión migratoria.

Esta decisión, con cifras inferiores a las solicitadas por el Gobierno español, se explica porque el pacto comenzará a aplicarse el 12 de junio del próximo año y, por tanto, estas cantidades sólo están previstas para seis meses, y no para todo el año 2026.

España pide más margen de maniobra

En la reunión participó el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. España se abstuvo en la votación del acuerdo de solidaridad al no estar satisfecha con la reducción de personal.

Marlaska aseguró que “hay que buscar el justo equilibrio entre solidaridad y responsabilidad que hizo posible el pacto europeo sobre migración”. El contingente de solidaridad no puede reducirse a regatear números, sino que debe identificar las necesidades de los Estados miembros sujetos a presión migratoria y responder a ellas de la mejor manera”.

España, al ver reducidas sus exigencias, pide a cambio tener más margen de maniobra en sus obligaciones como país de acogida de inmigranteses decir, tener menos rigidez en la gestión del tiempo en la gestión de procesos.

Las devoluciones siguen siendo una prioridad

Una de las cuestiones pendientes de la UE sigue siendo mejorar el número de inmigrantes que regresan. De inmediato, 3 de cada 4 irregulares nunca regresan a su país de origen a pesar de un decreto en vigor que les prohíbe permanecer en tierras comunitarias.

Los ministros del Interior han dado un nuevo paso en este ámbito, coincidiendo un sistema que busca acelerar estos retornos. Según Dinamarca, que dirige la reunión porque ocupa la presidencia rotatoria, «se trata de recuperar el control del sistema de inmigración. Este paso es histórico, porque aunque no tendrá un gran impacto por el momento, lo tendrá en unos años».

El acuerdo acordado fortalece la gestión y brinda a los países más opciones para expulsar a los inmigrantes irregulares. Por ejemplo, facilita la detención de inmigrantes y permite la creación de controvertidos centros de detención fuera de la UE, como los establecidos por Giorgia Meloni en Albania. Campos de deportación con los que España no está de acuerdo, pero que cada vez cuentan con más adeptos entre los 27 socios.

Se refuerzan las políticas de inmigración

Otro expediente donde se ha avanzado es la propuesta sobre el concepto de “tercer país seguro”, que permitirá a los gobiernos tener más opciones para rechazar una solicitud de asilo.

El texto acordado no exige necesariamente que el migrante tenga una conexión con ese país específico para realizar un retorno. Además, la UE acuerda una lista de países de origen considerados seguros: Marruecos, Colombia, Bangladesh, Egipto, India, Kosovo, Túnez y todos los países candidatos a la adhesión a la UE (excepto en caso de conflicto armado internacional o interno en el país).

Según el Consejo, «estas nuevas leyes europeas de inmigración tienen como objetivo establecer procedimientos de asilo más rápidos y eficaces para aquellos que no deberían beneficiarse de protección dentro de la UE». El comisario europeo de Asuntos de Interior, Magnus Brunner, promete que estas medidas “ayudarán a procesar las solicitudes de manera más eficiente y reducirán la presión sobre los sistemas de asilo”.

A España no le convencen estos acuerdos alcanzados. Fuentes diplomáticas nos dicen que creen que «no hay avances hacia un sistema europeo común de retorno, hay incluso retrocesos. Seguimos teniendo dudas sobre la legalidad de determinadas medidas como la duración de la detención, porque puede haber prórrogas ilimitadas, lo que en la práctica significaría detención para siempre».

España se queda sola en esta batalla que abre el camino a un claro endurecimiento de las políticas migratorias de la Unión Europea.

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