¿Y ahora qué? Claves de la ley y próximos pasos del chavismo
La presidenta encargada Delcy Rodríguez promulgó con celeridad la Ley de Amnistía que había aprobado la Asamblea Nacional (AN) en nombre de la convivencia democrática. Los diputados del oficialismo están acostumbrados a levantar mecánicamente sus manos. Esta vez se sumó la minoría de la oposición moderada para acompañar una iniciativa que mereció discusiones públicas y privadas. Su inmediata vigencia supone un punto de corte respecto de más de dos décadas de enfrentamiento. Un hito en la hoja de ruta de la todavía difusa transición que no parece admitir un retorno al país previo al 3 de enero.
[–>[–>[–>[–>[–>[–>Antes de que las fuerzas especiales norteamericanas secuestraran a Nicolás Maduro, el elenco gubernamental hablaba de «políticos presos». La inversión de los términos informa claramente que el Gobierno ha sido golpeado en la línea de flotación y, para mantenerse, se ha visto obligado a aceptar el plan diseñado por Washington. La agenda energética se sometió a las expectativas de Donald Trump. Pero, de cara a la «nueva Venezuela» que imagina el magnate republicano, completamente ensamblada a los intereses estratégicos de la Casa Blanca, se requiere de un requisito político: la estabilidad institucional y la «reconciliación» de las facciones enfrentadas. Rodríguez fue diligente con EEUU al proponer que los “políticos presos” pasen en su mayoría a ser reconocidos como “presos políticos”. No se trata de un juego de palabras sino del cambio de las condiciones de gobernabilidad. La mandataria provisional exhibió el acta de la ley de Amnistía secundada de su hermano Jorge, la principal autoridad parlamentaria, y nada menos que Diosdado Cabello, ministro del Interior y Justicia y articulador del brazo represivo que llevó a las prisiones a más de 1000 ciudadanos. Su rostro circunspecto informa sobre la nueva realidad, en un punto indigerible para el Partido Socialista. A sus diputados se les hizo difícil aceptar la nueva narrativa de la reconciliación expresada en una frase antológica de Delcy: «Hay que saber pedir perdón y saber recibir perdón». Las Fuerzas Armadas hablaron de «un acto de amor». Un mes y medio atrás habría resultado impensable para ellos semejantes expresiones.
[–> [–>[–>[–>[–>[–>La ley alcanza a «toda persona que se encuentre o pueda ser procesada o condenada por delitos o faltas acaecidos” entre el intento de golpe de Estado del 11 y 12 de abril de 2002 contra Hugo Chávez y las protestas que tuvieron lugar a fines de julio de 2024 cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó reelecto a Maduro sin presentar las actas del escrutinio. Se trata de 13 episodios. Casi cinco años de la era bolivariana quedaron fuera del beneficio para centrarse en los acontecimientos más resonantes del conflicto interno: la huelga petrolera de 2002-2003, las manifestaciones en el marco del referendo revocatorio presidencial de 2004, las protestas de 2007 y 2009, los disturbios tras las elecciones de 2013 y el primer semestre de 2014, con Maduro ya atornillado al poder, que provocaron una decena de fallecidos y cientos de heridos. Se añadieron también episodios del momento más dramático de la confrontación, a partir de 2016 y especialmente 2017, el pico de recrudecimiento de la crisis, con casi 100 víctimas fatales. Las situaciones derivadas de la autoproclamación del diputado Juan Guadió como «presidente encargado», en enero de 2019, han sido contempladas en la ley, con excepción de un conato de rebelión militar. «Luego de presentar la solicitud de amnistía, la persona no podrá ser privada de libertad por los hechos previstos en esta ley y deberá comparecer personalmente ante el tribunal competente a fines del otorgamiento de la amnistía». ¿Qué pasará con los disidentes que no participaron de esos episodios sino de otros excluidos? “La lista de acontecimientos debía ser meramente enunciativa, no taxativa, e incluir hechos de confrontación política ocurridos en años obviados en el listado”, señalaron abogados penalistas. Rodríguez abrió una pequeña puerta para discutirlos. No deja de ser una ironía el hecho una comisión a cargo de Cabello sea la encargada de revisar cada caso puntual.
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La diputada opositora Nora Bracho participó de las negociaciones más delicadas con el oficialismo cuando el proyecto corría peligro de naufragar. «La ley no es perfecta, pero es un avance». Sin especificarlo, la legisladora reconoció sus agujeros negros. Los organismos defensores de derechos humanos no se demoraron en señalarlos. Para el coordinador general de Provea, Óscar Murillo, la amnistía contiene un injustificable exceso de exclusiones que no las exigen ni la Constitución ni los instrumentos internacionales. “Esto, sin duda, no se corresponde con el espíritu de paz y reconciliación que debería tener una norma de esta naturaleza. La entidad Justicia, encuentro y perdón sostuvo que el texto “revictimiza” a aquellos que pasaron por las cárceles o fueron objeto de maltrato estatal. Tampoco, aseguró, garantiza “la liberación plena” de “todos” los presos políticos. “Sabemos que hoy muchas familias se sienten profundamente defraudadas”. Han quedado marginados del beneficio 174 uniformados. Alfredo Romero, director del Foro Penal, admitió las deficiencias, pero a la vez los costados benéficos ara “algunos perseguidos”. Queda pendiente dejar sin efecto las inhabilitaciones políticas, dar “garantías de retorno seguro y sin persecución para quienes se encuentren en el exterior” y restituir la validez de pasaportes. El partido Primero Justicia expresó las posiciones más duras del espectro opositor: la ley es sesgada, los presos políticos civiles y militares son inocentes y deben ser liberados plena e inmediatamente.
[–>[–>[–>[–>[–>[–>El artículo noveno excluye de la amnistía a «las personas que se encuentren o puedan ser procesadas o condenadas por promover, instigar, solicitar, invocar, favorecer, facilitar, financiar o participar en acciones armadas o de fuerza contra el pueblo, la soberanía y la integridad territorial de la República Bolivariana de Venezuela por parte de Estados, corporaciones o personas extranjeras». El texto mantiene casi intacta la matriz retórica del madurismo. La oposición representada en la AN no pudo mitigarlo o lo creyó innecesario. Parece «dedicado» a Guaidó, Leopoldo López y, especialmente, a María Corina Machado y su agrupación de derechas, Vente Venezuela. Por ahora, la Premio Nobel no ha dicho nada al respecto aunque sí lo hizo uno de sus más cercanos colaboradores, Tomás Guanipa quien, tras recuperar su libertad, pidió a los venezolanos “moderar las expectativas” en relación con la ley. Pudo haber hablado en nombre de Machado. La propia Delcy Rodríguez ha advertido previamente que la dirigente deberá “rendir cuentas” por los mismos hechos estipulados en la norma apenas pise Caracas. Su protagonismo en esta etapa depende de Washington, que no da señales claras de incorporarla como figura de primer orden. Machado avizora no obstante elecciones antes de que concluya 2026. Su optimismo no encuentra comprobaciones en la realidad política. La opción de Trump por los hermanos Rodríguez da señales de robustez a medida que visitan el país sudamericano sus enviados de primer nivel. Ha suavizado las sanciones y hasta prometió viajar a Venezuela en una fecha no definida.
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EEUU esperaba la sanción de la ley. Los analistas no descartan señalamientos y pedidos de correcciones, ya contemplados por la presidenta encargada, aunque de manera ambigua, con su instrucción a Cabello. La norma quiere ser el estandarte de una “nueva” Venezuela. Aun con sus limitaciones, da cuenta de una reconfiguración de la dinámica política interna, imprescindible para realizar en algún momento elecciones libres. Semanas atrás, el exjefe de Gobierno de España, José Luís Rodríguez Zapatero, había estado en Caracas abogando por una normativa lo más amplia posible. Madrid ha anunciado a la luz de las novedades que pedirá el levantamiento de las medidas restrictivas impuestas por la UE a Delcy Rodriguez. «La ley de amnistía sólo puede considerarse como un paso en la dirección correcta. Ahora tendrá que venir su implementación para que los presos políticos realmente queden en libertad», dijo el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Josef Hinterseher. Si nada extraño sucede a corto plazo, la «presidenta encargada» superará los seis meses en su cargo, como ha sido contemplado a principios de enero. Se lo deberá en parte al paso dado por la AN.
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