El Sindicato de Inquilinos de Madrid ha cosechado este domingo un fracaso rotundo en la manifestación contra el «rentismo» celebrada en el centro de la capital. La protesta, presentada desde hace semanas como una gran movilización ciudadana contra la crisis inmobiliaria, ha acabado convirtiéndose en una marcha deslucida, con una asistencia muy inferior a la esperada y con tramos en los que prácticamente había más periodistas y organizadores que manifestantes.

Ni el apoyo de CCOO y UGT, ni la presencia de dirigentes de izquierdas, ni la intensa campaña mediática anterior han conseguido llenar las calles de Madrid. La convocatoria, que empezó en Atocha y finalizó en la Plaza de España, Sólo ha reunido a unos cientos de personas.muy lejos de la imagen de «clamor social» que han intentado proyectar los organizadores.

La escasa asistencia ha sido especialmente llamativa teniendo en cuenta el tono apocalíptico utilizado por el Sindicato de Inquilinos en los últimos días, denunciando un supuesto «emergencia habitacional«e incluso llamando a prepararse para futuras huelgas de alquileres.

El contraste entre el discurso utilizado por el sindicato y la realidad en la calle ha sido evidente. Durante los últimos días, los organizadores habían denunciado que «Madrid vive una crisis inmobiliaria sin precedentes» y que «la crisis inmobiliaria se ha convertido en una máquina de empobrecimiento, expulsión y control de nuestras vidas».

Ni siquiera han movilizado a sus propios miembros.

El pinchazo es aún más significativo si se compara con las cifras que maneja el propio sindicato. Según datos publicados por la organización en su portal de transparencia, el Sindicato de Inquilinos afirmó tener alrededor de 1.800 miembros en Madrid y varios miles en toda España.

Durante la protesta se repitieron las habituales consignas contra propietarios, fondos de inversión, agencias inmobiliarias y apartamentos turísticos. Los convocantes han venido para asegurar que la crisis «Ha sido provocada y sigue siendo sostenida por rentistas, inmobiliarias, fondos, bancos y grandes conglomerados inmobiliarios.«, además de «los gobiernos e instituciones públicas que han hecho posible este modelo».

Sin embargo, los organizadores han evitado mencionar otros factores que también afectan al acceso a la vivienda, como la inseguridad jurídica, la okupación o la lentitud y coste de los trámites burocráticos en el sector urbanístico.

Las recetas defendidas por el movimiento (más intervención pública, limitaciones al alquiler, expropiaciones y expansión masiva de la vivienda pública) han vuelto a dominar el discurso de una Protesta marcada más por ideología que por propuestas realistas para incrementar la oferta residencial.

A la manifestación acudieron dirigentes del PSOE, CCOO y UGT -entre ellos el propio Pepe Álvare-, así como diferentes grupos de izquierdas y plataformas vecinales. Pero ni siquiera este amplio apoyo político y sindical ha evitado la imagen de fracaso de una convocatoria que aspiraba a repetir las grandes protestas inmobiliarias de otros años.