Organizado por el Sindicato de Inquilinos de Madrid, bajo el lema ‘La vivienda nos cuesta la vida’. ¡Bajemos los precios!, partió a las 12.00 horas la marcha desde la estación de Atocha hacia la zona de Sevilla, que reunió a decenas de colectivos y asociaciones de apoyo a la causa.

A la reunión asistieron la secretaria general de CC.OO, Paloma López; y la de UGT, Susana Huertas; así como sus dirigentes nacionales, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente; la portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto; la eurodiputada y secretaria política de Podemos, Irene Montero, y la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM).

La manifestación exige la recuperación de los contratos de alquiler indefinidos, acompañada de una rebaja de los alquileres y una subida del salario y las pensiones mínimas hasta los 1.500 euros.

Según los informes, el alquiler en Madrid ha aumentado más de un 50% en los últimos cinco años, con un coste medio en toda la Comunidad de más de 1.500 euros al mes. De esta forma, más del 70% de los salarios se dedican al pago del alquiler, es decir, 3 de cada 4 días trabajados son para los caseros.

Llamado a la desobediencia

Ante esta situación, la portavoz del Sindicato de Inquilinos, Alicia del Río, ha asegurado en declaraciones a los medios que «sólo cabe la desobediencia» ante leyes «injustas», ya que «ningún Gobierno está haciendo nada para cambiar esto» y «se están utilizando recursos públicos para proteger los intereses de los rentistas».

«La desobediencia es la única manera de cambiar las cosas y la desobediencia es la herramienta legítima cuando no podemos pagar estos precios, cuando vivimos con el miedo de ser expulsados, mientras una minoría se enriquece. A todos los inquilinos únanse y busquen su asamblea más cercana, porque juntos vamos a desobedecer”, afirmó.

Además, Del Río ha llamado a los sindicatos a «construir entre todos» una huelga general «capaz de paralizar» las ciudades y «capaz de oponerse al negocio de la vivienda de una vez por todas». Afirmó que ya está «trabajando en ello».

«Será un proceso social amplio que incluirá no sólo a los sindicatos, sino a todas las organizaciones de la mayoría social por el derecho a la vivienda que hoy también están con nosotros, porque somos la mayoría social que usamos la casa para vivir y queremos acabar con este negocio parasitario que está condenando a la precariedad a todo el país», agregó.

CC.OO y UGT cargan contra la comunidad “insumisa”

Por su parte, la secretaria general de CC.OO Madrid, Paloma López, ha llamado al Gobierno regional a abandonar su posición «rebelde» respecto a la ley estatal de vivienda y ha reclamado que declare las zonas tensionadas y «ponga orden» junto con el Ayuntamiento de la capital en los pisos ilegales.

«Y hay que, por supuesto, crear un plan de vivienda que sea separado del plan Vive de la Comunidad, que sólo está pensado para rentas medias y altas. Lo que se necesita es un plan de vivienda precisamente para las personas más vulnerables, con más necesidades y que pueden acceder a cualquier vivienda para tener condiciones dignas”, subrayó.

Asimismo, Unai Sordo ha reclamado la creación de «dos millones de viviendas a precios asequibles en los próximos diez años», «que ninguna familia tenga que gastar más del 30% de sus ingresos» en el pago del alquiler y «limitar el precio de los alquileres en zonas tensionadas».

En esta línea, la líder regional de UGT, Susana Huertas, ha afirmado que «sin una vivienda digna no hay paz social» y ha aseverado que no es un problema de «unos pocos», sino una cuestión que «disminuye el poder adquisitivo» de la mayoría de los ciudadanos.

Así, el secretario general nacional del sindicato, Pepe Álvarez, ha solicitado la construcción de «viviendas públicas protegidas» y ha llamado a las Comunidades Autónomas, «incompetentes» en la materia, y a la patronal a «tomar nota» y colaborar con la Administración del Estado.

El PSOE acusa al PP de «fraude» inmobiliario

La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha acusado al Partido Popular (PP) de permitir el «fraude» de viviendas turísticas ilegales, tanto desde el Gobierno municipal como desde el Ejecutivo regional.

Asimismo, aunque reconoció estar «segura de que el Gobierno de España tomará buena nota» de las demandas de los madrileños este domingo, recordó que las competencias en materia de vivienda son del Consistorio y de la Comunidad.

«Soy muy consciente de que el ámbito competencial obliga a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento a no mirar para otro lado, y que hoy son dos administraciones que están del lado de los especuladores y que no están defendiendo el derecho a una vivienda digna», concluyó.