La presidenta del organismo estatal -que es el principal accionista de Indra con un 28% del capital- ha explicado que acabó parando la operación corporativa entre Indra y EM&E al considerar insuficientes las medidas adoptadas para aislar el conflicto de intereses derivado del cargo de Ángel Escribano, entonces presidente de la compañía de tecnología y defensa.

Durante su comparecencia, reconoció que apoyó inicialmente el «encaje estratégico» de esta potencial operación, postura que fue expresada por los directivos designados por el Estado en una reunión celebrada en diciembre de 2025. Sin embargo, posteriormente el análisis técnico y jurídico del holding público concluyó que el conflicto de intereses seguía influyendo de manera relevante en el proceso.

«A pesar de las medidas puestas en marcha, como la comisión ‘ad hoc’, la influencia determinante que estaba teniendo el conflicto en el análisis de la operación hacía necesario aclararla», explicó, para luego señalar que entendía que el trabajo realizado por ese órgano en concreto «no había sido suficiente para evaluar el conflicto de intereses que estaba pendiente en el proceso de toma de decisiones», por lo que trasladó su preocupación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en marzo.