Ayuso mantiene el pulso con el Gobierno. La Comunidad de Madrid anunció este viernes que no creará el registro de objetores de conciencia a la práctica del aborto y eso dejará en manos de los tribunales la decisión final sobre su implementación.

El plazo fijado por el Ministerio de Sanidad -un mes desde la solicitud enviada por el Gobierno de Pedro Sánchez a tres comunidades autónomas- ha expirado hoy. «En la Comunidad de Madrid creemos en el aborto legal, seguro y poco frecuente. «No vamos a señalar ni perseguir a quienes abortan ni a quienes abortan o no», declaró la ministra de Salud, Fátima Matute.

«Preferimos que sea un tribunal que diga lo que hay que hacer que un gobierno sectario que no piensa en nada ni en nadie». y, por supuesto, con la Constitución en la mano defenderemos la libertad de objeción y todos aquellos artículos para proteger a nuestra población», indicó Matute.

Las otras dos comunidades advertidas, Aragón y Baleares -también gobernadas por el PP- ya han cumplido con el requisito, según fuentes del Ministerio de Sanidad. Madrid, y por tanto la presidenta Isabel Díaz Ayuso, es la única que se niega a acatar la ley.

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