la firma Ser disruptivoConsultoría española especializada en ciberseguridadatraviesa momentos difíciles, sobre todo después de la decisión judicial que le obliga a registrar un bono solidario de 6,65 millones de eurosjunto con sus directores y socios fundadores, ante la investigación por presuntos delitos de fraude y falsificación de documentos a medida que avanzaba cinco dias.

El auto del Juzgado de Instrucción número 38 de Madrid, de 20 de noviembre de 2025, busca asegurar las posibles responsabilidades económicas derivadas del proceso penal iniciado tras varias denuncias de entidades financieras e inversores.

La compañía saltó a la primera línea mediática en 2023 tras el fichaje del ex vicealcalde de Madrid, Begoña Villacísque dejó la política para incorporarse al equipo directivo de la consultora.

Sin embargo, el deslumbrante crecimiento de la compañía se vio truncado por el impago de préstamos bancarios y nóminas, generándose una situación de insolvencia que llevó a BeDisruptive a declararse en quiebra voluntaria y, posteriormente, a la liquidación de sus activos.

El crédito vencido e impago ascendía a más de 65 millones de euros en noviembre de 2024, con una deuda total superior a 90 millones de euros contra bancos, fondos de inversión y asociaciones público-privadas Cofides.

De la quiebra a las acusaciones de fraude

BeDisruptive se fundó en 2016 bajo el nombre de Disruptive Consulting como boutique de servicios de ciberseguridad, con presencia en España y proyección internacional.

La empresa logró captar financiación de entidades relevantes como Sabadell , BBVA y CaixaBank además del fondo público-privado Cofides.

El auge estuvo acompañado de una agresiva política de comunicación y el anuncio de importantes contratos internacionales, incluida una supuesta licitación del Gobierno de Costa Rica que iba a impulsar el desarrollo global de la empresa.

La denuncia, presentada por Finanzas Bekaindica que los responsables de BeDisruptive habrían proporcionado documentación falsa para obtener financiación, haciendo creer a los prestamistas que la empresa mantenía un saldo de 120 millones de euros en un banco italiano y estuvo a punto de cerrar contratos millonarios.

El informe policial y las investigaciones judiciales indican que el certificado bancario habría sido emitido desde un dominio simulado y que la cuenta utilizada como garantía fue cerrada en 2020, a pesar de que la empresa la presentó como válido entre 2023 y 2024.

El magistrado del caso justifica la medida cautelar para evitar una posible delito de insolvencia punible y garantizar la viabilidad de cualquier futura reparación del daño económico.

Destaca que los investigados se negaron a declarar y señala signos de engaño reiterado en la conducta de los directivos, quienes habrían obtenido financiación a partir de hechos manifiestamente falsos. Si la empresa no deposita el depósito en el plazo de cinco días, se embargarán los bienes hasta cubrir la cantidad requerida.

Impagos y pérdida de confianza

La compañía, que pasó a formar parte de los principales actores en servicios y soluciones avanzadas SOC (Security Operation Center) para infraestructuras críticas, acabó en proceso de liquidación tras la acumulación de impagos y la pérdida de confianza.

La quiebra fue solicitada por el banco y apoyada por la propia empresa en un intento de regularizar la situación, aunque sin éxito debido al elevado volumen de deuda y la imposibilidad de reestructuración.

La denuncia penal interpuesta por los bancos fue remitida inicialmente a la Audiencia Nacional, que decidió no investigar al no apreciar repercusiones en la economía nacional que justificaran su competencia en el caso.

El proceso judicial se centra ahora en los juzgados ordinarios de Madrid. El crédito caducado afecta no sólo a las entidades financieras sino también a decenas de trabajadores, proveedores y otros inversores que confiaron en la solvencia y proyección internacional de Ser disruptivo