Porcelana ejecutado este martes Bai Tianhui, exjefe de la división internacional de China Huarong, el mayor gestor estatal de deuda impaga del país. El directivo ocupaba un puesto de enorme sensibilidad, ya que dirigía Huarong International Holdings, la filial que operaba la compra, reestructuración y reventa de activos deteriorados de empresas muy endeudadas. Allí se manejaban operaciones millonarias, complejos circuitos de financiación y una red de intermediarios históricamente poco supervisados.

La pena de muerte, aprobada por el Tribunal Supremo y retransmitida por la televisión pública, no es un episodio aislado. Marca un nuevo punto de inflexión en la estrategia represiva que Xi Jinping inició hace más de una década y que ha alienado a cientos de miles de cuadros del Partido. A partir de 2023, Este esfuerzo ha pesado sobre el sector financiero, considerado por los dirigentes chinos como el talón de Aquiles de su modelo económico.

Huarong fue durante años el gran sumidero de préstamos dudosos del aparato estatal, un “banco malo” con poder para absorber carteras de deuda imposibles de recuperar. Bajo ese paraguas, la división que encabezaba Bai manejaba operaciones internacionales cruciales, desde inversiones en Hong Kong hasta reestructuraciones en el extranjero. Este flujo de movimientos, decisivo para sanear los balances internos, permitió a las empresas públicas profundamente endeudadas prolongar su supervivencia durante años.

Pero el panorama cambió abruptamente. La burbuja de la deuda corporativa empezó a desinflarse, operaciones opacas salieron a la superficie y Huarong acabó acumulando enormes pérdidas. En 2021, el Estado obligó al coloso Citic Group a rescatar la entidad y acometer su reestructuración. Ese mismo año fue ejecutado Lai Xiaomin, presidente de Huarong y uno de los hombres más poderosos del sector. Su caída fue interpretada como una advertencia de Xi: la corrupción en corporaciones públicas estratégicas no tendría refugio.

Aparentemente, Bai había aceptado sobornos por más de 1.100 millones de yuanes (unos 156 millones de dólares). Su sentencia se encuadra en esa línea de “castigo ejemplar”, pero llega en un escenario más delicado: con una persistente desaceleración, debilidad de la inversión privada, una prolongada crisis inmobiliaria y un clima de desconfianza que se extiende por todo el sistema financiero.

El bisturí llega a los reguladores

La actual fase de la campaña anticorrupción se caracteriza por un movimiento sin precedentes: Beijing ataca directamente a los guardianes del mercado. El caso más relevante es el de Yi Huiman, quien presidió la Comisión Reguladora de Valores de China (CRVS) entre 2019 y 2024, tras una larga carrera en el Banco Industrial y Comercial de China (ICBC), uno de los mayores bancos del mundo. Yi era visto como un tecnócrata disciplinado y defensor de la línea del Partido.

Hoy está siendo investigado por “infracciones graves”, fórmula que suele anticipar acusaciones contundentes. Su caída demuestra que la campaña ha llegado a lo más alto de los órganos de control, un ámbito tradicionalmente protegido. Junto a él, están bajo escrutinio Wang Jianjun, ex vicepresidente de la CSRC, y Wang Huimin, jefe de su departamento disciplinario. El mensaje es tajante: ya no se trata sólo de perseguir abusos en bancos y conglomerados estatales, ahora el Régimen está desmantelando redes de poder en las instituciones encargadas de controlar el sistema.

El Gobierno aspira a presentar sus mercados como plataformas confiables para atraer capital internacional, libres de prácticas informales y favoritismo que han obstaculizado la credibilidad de la segunda economía del mundo durante décadas. Una regulación fuerte debería reforzar la confianza de los grandes fondos y las multinacionales.

Pero esta ambición choca con un entorno económico frágil. La rentabilidad de las entidades financieras se ha reducido, los recortes salariales se extienden entre los empleados del sector y la crisis inmobiliaria sigue drenando liquidez. En paralelo, La presión política sobre ejecutivos y reguladores crea un clima de parálisis: demasiados temen tomar decisiones que podrían interpretarse como imprudentes. o fuera de la ortodoxia oficial.

Analistas especializados advierten de que esta rigidez puede estrangular la innovación financiera en un momento en el que China necesita diversificar sus fuentes de crecimiento, desarrollar productos más sofisticados y atraer capital estable para compensar la caída del crédito privado y de la inversión inmobiliaria.

La muerte como instrumento político

El castigo de Bai encaja en un patrón más amplio: el uso sistemático de la pena capital para reforzar la disciplina interna. Pekín no publica cifras, lo considera secreto de Estado, pero los organismos internacionales coinciden en que ejecuta a más personas que cualquier otro país.

En los últimos años han sido ejecutados altos funcionarios como Tang Renjian, ex Ministro de Agricultura; Li Jianping, jefe de Mongolia Interior; o Zheng Xiaoyu, exjefe de la agencia estatal de drogas. Otros, como Zhao Zhengyong, ex líder provincial de Shaanxi, han recibido sentencias de muerte suspendidas, una fórmula común que permite conmutar las sentencias después de dos años de buena conducta.. El uso de estas frases opera como un mecanismo de recordatorio y control. Este flagelo no se tolera y se controla la lealtad.

En el caso de Bai, la decisión de ordenar una ejecución inmediata subraya la gravedad económica y política del expediente. Las autoridades quieren enviar un mensaje tanto a la elite financiera como a los reguladores de que no habrá zonas de impunidad.

La estrategia de Xi busca blindar la arquitectura del sistema financiero para reducir riesgosgarantizar la estabilidad social y fortalecer la capacidad de resistir tensiones externas. Pero esta ambición convive con un riesgo creciente: que el miedo a cometer errores acabe paralizando la iniciativa de quienes deben apoyar la actividad crediticia y la innovación bancaria. La purga de altos ejecutivos, junto con la investigación de funcionarios de alto rango, está rediseñando la jerarquía financiera del país. Beijing pretende demostrar que un entorno económico sólido requiere disciplina absoluta.