de la calma del Gobierno a la presión de las aseguradoras para subir la prima
Quizá sea el momento de que escojan, «de una vez y para siempre», si quieren asistencia sanitaria pública o privada. Es el mensaje que, a modo de reflexión, ha lanzado el Gobierno al 1,5 millones de personas que, desde hace poco más de dos semanas, se mantienen en vilo por MUFACE. Son funcionarios y sus familias (beneficiarios) que, en unos días frenéticos, han asistido al abandono de las tres aseguradoras que forman parte del modelo (DKV, ASISA y Adeslas) y han dejado desierto el concierto de los dos próximos años; a manifestaciones en las calles de los sindicatos y a batallas políticas a costa de su atención médica. MUFACE está en todos los corrillos y su futuro inmediato sigue siendo una incógnita.
Los beneficiarios de MUFACE tienen la asistencia sanitaria asegurada hasta el 31 de enero, tranquilizaba este viernes el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, del que depende el organismo en una llamada a la calma. Insiste este departamento que hay mecanismos, en la Ley de Contratos del Sector Público, «que garantizan la asistencia en las mismas condiciones hasta que el concierto vencido sea remplazado por otro». Es decir, más allá de ese 31 de enero.
«Plazo suficiente»
El departamento que dirige Óscar López indica que, por tanto, hay «plazo suficiente» para poner en marcha la segunda licitación. Un nuevo concurso al que DKV, Adeslas y ASISA se presentarían si el Gobierno mejorase la subida de la prima del 17,12%, que se distribuye en un 16,5% en 2025 y un 0,62% en 2026, aprobada en Consejo de Ministros el 8 de octubre. La que no llegó a convencer a las aseguradoras y provocó su desbandada.
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Desde el no de la compañías, las cartas están sobre la mesa. El Gobierno mantiene la tranquilidad (al menos aparente). Y las aseguradoras presionan para que esa subida, de cara a una nueva licitación, sea una realidad. Unos y otros se aferran a sus posturas. Función Pública repite que la subida de la prima propuesta es la mayor de la historia desde que existen registros homologables. Las compañías se mantienen en sus trece. No es suficiente. Y esperan a ver qué se ofrece en esa nueva licitación.
Condiciones aceptables
Arropan sus reivindicaciones desde la sanidad privada. La Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), patronal de la provisión sanitaria, ha planteado «la urgencia de buscar soluciones» para mantener el modelo y la Fundación IDIS ha mostrado su confianza en que la Administración «reconsidere la situación y que publique una nueva licitación que contemple unas condiciones aceptables para garantizar la supervivencia de este modelo de atención y la óptima calidad asistencial de sus usuarios«.
En la esfera política, MUFACE también ha dado mucho que hablar. Este jueves, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, entraba de lleno en el debate y denunciaba que la gestión solo busca «colapsar» el sistema público arremetiendo contra la ministra de Sanidad, Mónica García, que, en diferentes ocasiones ha aclarado: la mutualidad no es cometido de su departamento.
Subida de los seguros
Pero Ayuso ha seguido con su acometida. Y, en plena batalla por MUFACE, se ha sumado a otra causa: el rechazo a la propuesta del PSOE y SUMAR de aplicar el Impuesto sobre las Primas de Seguro (IPS) a los seguros de salud. Otro motivo de conflicto para un sector, el privado, que vive días de enorme convulsión.
La patronal de las aseguradoras, UNESPA,ha mostrado su oposición a una medida que, afirma, perjudicaría a 12,4 millones de personas -las que en España tienen contratados estos seguros- y provocaría que menos personas suscribieran pólizas y aumentaría la presión asistencial sobre la sanidad pública.
[–>Pero, además, y de forma paralela, MUFACE ha abierto otro encendido debate: ¿deben los empleados públicos tener la posibilidad de elegir entre asistencia pública o privada?, ¿no es eso un privilegio?. Sindicatos como CSIF, el más representativo entre los funcionarios, se defienden. No hay privilegio alguno. Y, además, suscriben esa idea de que, si el paso de 1,5 millones de personas al sistema público llega a hacerse realidad porque MUFACE desaparece, la saturación sería más que real.
Esta misma semana, el lunes, han salido a las calles a defender su modelo de cobertura sanitaria. Ya piensan en una segunda manifestación, el 11 de diciembre, e incluso, si el Gobierno no llega a un acuerdo con las compañías, ir a la huelga en enero. La única forma de solucionarlo, señala el sindicato, es que la oferta sea más atractiva para las aseguradoras lo que se traduciría en subir la prima del 17,12% (que ha propuesto el Ejecutivo) al, como mínimo, 24% que, en plena negociación, sugirió la propia MUFACE.
Las cifras
Con datos de la memoria anual de MUFACE, a 31 de diciembre de 2023, el colectivo ascendía a 1.537.701 personas, de las cuales 1.103.292 son titulares y 434.409 beneficiarias. El número de mujeres supera en 120.925, un 11,33 %, al de hombres. El número de mutualistas en activo, 660.041, sigue siendo muy superior al de jubilados, 405.858.
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Además del temor sobre el devenir del modelo, CSIF lleva tiempo advirtiendo que, en los ultimos años, han aumentado las quejas por los recortes médicos de MUFACE. De ahí que sea necesaria más financiación. Según la memoria del organismo, en el año 2023 se interpusieron 1.199 recursos y reclamaciones frente a los 1.148 del ejercicio 2022, lo que supone un aumento del 4,44%.
Llamada a la calma
Este viernes, Función Pública pedía tranquilidad. Sostiene que, quizás, es el momento, más allá de las negociaciones y de las reclamaciones, de abrir una reflexión sobre el modelo. Indican que está visto que los nuevos mutualistas se inclinan cada vez más por la sanidad pública.
A 31 de diciembre de 2023, del total del colectivo nacional asegurado, un 70,26%, correspondiente a 1.080.360 personas, estaba adscrito a alguna de las tres entidades de seguro de asistencia sanitaria, mientras que el 29,74%, (457.307 personas), optaron por el sistema sanitario público. Esta proporción mantiene la tendencia de los últimos años, indica MUFACE.
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En una entrevista concedida hace unos días a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, Manuel Martín, presidente de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), rechaza que, como sostienen los sindicatos o la patronal de la sanidad privada, la desaparición de MUFACE vaya a suponer el colapso de la sanidad pública.
«La realidad indica que eso supondría un incremento del 2% de la demanda, lo cual no parece que tenga, en fin, unos efectos tan letales«, decía al tiempo que criticaba: «Estamos ante una estrategia de chantaje que pretende utilizar a los funcionarios y generarles alarma para que hagan presión ante el Gobierno y se mantenga un sistema obsoleto«, criticaba Martín.
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Función Pública considera que quizás ha llegado el momento de que los funcionarios decidan. O al menos de ponerlo sobre la mesa. En esa reflexión, el Ministerio considera que «podría abordarse la voluntariedad del modelo, que supondría que los empleados públicos ahora cubiertos por el mutualismo puedan elegir estar en el régimen común o en el especial, de una vez y para siempre; con ese nuevo escenario sería más fácil planificar las fuentes de ingresos del sistema y su sostenibilidad«.
El informe de la AIReF
Para «sustentar este proceso de reflexión», abunda el Ministerio, será importante conocer las conclusiones del próximo informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), encargado por el Gobierno, que estará listo a finales de año.
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Un documento que estaba llamado a ser una hoja de ruta para evaluar «la eficiencia técnica y económica de la asistencia sanitaria del mutualismo», según este organismo que, además, a finales de septiembre, enviaba un formulario de encuesta a cerca de 82.000 mutualistas para analizar su experiencia.
Si se vuelve a la memoria de MUFACE de 2023, la mayoría de los recursos formulados en materia de asistencia sanitaria fueron sobre prótesis (34%), reintegro de gastos de asistencia sanitaria (28,94%) y reintegro de gastos de farmacia (10,84 %).
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Pero, sobre todo, y más allá de si valoran positivamente su atención médica, en lo que incide la encuesta de la AIReF es en conocer, qué elegiría un funcionario, si sanidad pública o privada, si estuviera en una serie de situaciones: ir al médico de cabecera, consulta de especialistas, un parto, una urgencia médica vital, una cirugía programada, una enfermedad grave, hospitalización de larga duración o un síntoma que le preocupa sin ser grave. Un tanteo cuyas respuestas todavía no se conocen.
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