MADRID, 2 dic (EUROPA PRESS)-

Estados Unidos confirmó y defendió este lunes la legalidad del segundo ataque contra los supervivientes del primer bombardeo de sus fuerzas, en septiembre, contra un barco en el mar Caribe, en el que finalmente murieron los once tripulantes, pero ha negado que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, diera esa orden.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, fue preguntada en rueda de prensa si la Administración presidida por Donald Trump negó este segundo ataque o que Hegseth dio la orden. «Esto último es cierto», respondió, antes de leer un breve comunicado en el que afirmó que el jefe del Pentágono «autorizó al almirante (Frank) Bradley a llevar a cabo estos ataques».

De esta forma, la Casa Blanca ha culpado al actual comandante de Operaciones Especiales de Estados Unidos de haber acabado con la vida de los supervivientes. «El almirante Bradley fue quien dio la orden de un segundo ataque y estaba plenamente autorizado para hacerlo», subrayó, defendiendo además que «actuó en el marco de su autoridad y de la ley, dirigiendo la operación para garantizar la destrucción del buque y la eliminación de la amenaza a Estados Unidos».

«Esta administración ha designado a estos narcoterroristas como organizaciones terroristas extranjeras», añadió Leavitt en su propio anexo al comunicado, en el que argumentó que «el presidente tiene derecho a eliminarlos si amenazan a Estados Unidos y si traen narcóticos ilegales que están matando a nuestros ciudadanos a un ritmo récord, que es precisamente lo que están haciendo».

Asimismo, ha negado que Hegseth hubiera ordenado que no hubiera supervivientes en los ataques a las embarcaciones, aunque ha reiterado que Trump «tiene autoridad para matar» a los presuntos narcotraficantes que, según Washington, las tripulan.

Sin embargo, la portavoz presidencial ha sido cuestionada sobre la legislación específica que justifica el asesinato de supervivientes, a lo que respondió que el ataque «fue llevado a cabo en defensa propia para proteger a los estadounidenses en intereses vitales de Estados Unidos, (…) en aguas internacionales y de conformidad con el derecho de los conflictos armados».

Pese a lo defendido por la Casa Blanca, el Manual de Derecho de Guerra del Departamento de Defensa estipula en el punto séptimo del título cuarto de su capítulo quinto que «está prohibido llevar a cabo hostilidades con el objetivo de que no haya supervivientes, o amenazar al adversario con negarle cuartel», basándose en «consideraciones tanto humanitarias como militares».

Aún así, Leavitt, preguntado por el contenido del manual, ha insistido en la legalidad de la operación. «El almirante Bradley actuó correctamente, dentro de sus competencias y de la ley que regulaba el ataque, para asegurar la destrucción total del barco y eliminar la amenaza de los terroristas narcotraficantes a Estados Unidos», subrayó, refiriéndose al Departamento de Defensa para «cualquier duda adicional sobre su razonamiento».

La Casa Blanca ha defendido así la actuación del Ejército estadounidense, que, según informaciones de medios estadounidenses como ‘Washington Post’ o ‘The Intercept’, tras disparar contra la embarcación en la primera ocasión y observar que al menos dos personas habían sobrevivido, atacó de nuevo para acabar con la vida de las once personas que se encontraban en la embarcación.

Aquel fue el primer ataque contra un barco en el Mar Caribe de los muchos que siguieron y que acumulan, junto a los ejecutados en el Pacífico oriental bajo los mismos argumentos, al menos 83 víctimas mortales.

Una de ellas, en octubre, dejó dos supervivientes, posteriormente rescatados y devueltos a Colombia y Ecuador, aunque el portavoz de la Casa Blanca ha negado tener conocimiento de cambios en el trato a los supervivientes en dichas operaciones.