El choque de los sindicatos con la SEPI deja en el aire el futuro de 600 mineros en Hunosa
La minería atisba unas navidades con movilizaciones, un escenario que le es tristemente familiar, con referencias tan recurrentes como el encierro de Barredo, que comenzó el 23 de diciembre de 1991. Entonces estaba en juego el futuro de los casi 20.000 mineros ligados a la empresa pública Hunosa. Lo que está en el aire ahora es el soporte laboral de algo menos de 600 empleos. Son datos que por sí mismos ponen contexto a la reconversión industrial de las tres últimas décadas.
La ruptura entre sindicatos y la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), organismo dependiente el Ministerio de Hacienda, se centra sobre todo en la situación de los trabajadores que, de dos diferentes formas, integran la fuerza laboral de Hunosa. Por un lado está el personal dependiente directamente de la compañía, que mantiene unos 400 empleos, la mitad aproximadamente en Nicolasa (Mieres), el último pozo en activo y que echará el cierre no más tarde de la próxima primavera. El SOMA-FITAG-UGT y CC OO habían llegado a un acuerdo con la dirección de la empresa para que estos trabajadores tuvieran un tratamiento similar al que han tenido hasta ahora el conjunto de los excedentes mineros. La terminología se puede traducir de manera mucho más sencilla. El marco del acuerdo contemplaba que los mineros pudieran prejubilarse cumpliendo requisitos similares a los fijados en los planes de empresa precedentes. Mismo escenario se defiende para los aproximadamente 180 mineros de las subcontratas repartidos entre Nicolasa y Santiago (Aller), donde se siguen realizando amplias labores de mantenimiento tras el cierre. Se trata de personal perteneciente a Carbomec, Satra y Acciona.
«No vamos a dejar a ningún minero atrás», subrayan los sindicatos tras chocar con la SEPI. La máxima accionista de Hunosa ha trasladado a las centrales un plan impreciso que deja en el limbo el futuro de los trabajadores. «Simplemente dicen que habrá trabajo para ellos». La indefinición genera recelo en el SOMA y CC OO. Los suspicacia de los sindicatos surgen de la percepción de que recolocar a personal tan especializado como los mineros no resulta sencillo respetando su categoría profesional. En el caso de las subcontratas, no están dispuestos a permitir que simplemente se queden en la calle. «No es posible una transición justa que no dé cobertura de manera global a más de un centenar de trabajadores que llevan en algunos casos más de 30 años trabajando para Hunosa en su actividad principal a través de subcontratas, o que la solución para los excedentes de Hunosa pase por reconvertir mineros con más de 20 años de experiencia y un acusado desgaste físico en peones de oficios varios, atentando directamente contra su dignidad profesional», subrayan las centrales.
El margen de los aspectos ligados al marco laboral, el acuerdo que los sindicatos habían empezado a tejer con la dirección de Hunosa antes de la intervención de la SEPI incluía también un importante capítulo de inversiones. Las dos actuaciones más relevantes son el Centro Nacional de Entrenamiento en Rescates ideado por el SOMA para el pozo Santiago y un proyecto para que Nicolasa, tras su inminente cierre, cuente con un sistema de rebombeo hídrico que permita el aprovechamiento energético del agua de la mina a través de un sistema hidráulico que podría generar hasta 100 megavatios de potencia.
Tanto SOMA-FITAG-UGT como CC OO percibían que el acuerdo con la dirección de Hunosa para dar forma a un plan de empresa con los citados contenidos parecía estar próximo tras casi dos años de negociación y una veintena de reuniones. De hecho, la negociación prácticamente tuvo que empezar de cero en febrero, cuando el Consejo de Administración de Hunosa nombró a Enrique Fernández como presidente de la empresa pública. Los sindicatos destacan que los avances desde entonces habían sido notables. Hasta que esta semana la posibilidad de acuerdo pasó de estar cercana a saltar por los aires. Las centrales piden la dimisión de Belén Gualda, presidenta de la SEPI. La acusan de dinamitar la negociación del nuevo plan de empresa. Rechazan imposiciones desde Madrid cuando, afirman, el acuerdo en Asturias estaba ya casi cerrado. Y en este contexto, amenazan con movilizaciones.
El SOMA y CC OO exigen una reunión de manera «inmediata» con un representante de SEPI «con capacidad de decisión» y, de no ser así, «el conflicto está servido». La petición se ha trasladado con carácter de urgencia. «Si la semana que viene no tenemos contestación, empezaremos a preparar movilizaciones. Son unas fechas complicadas, con la celebración de Santa Bárbara, pero nuestra demanda no puede esperar más». Los trabajadores están decididos a plantar batalla: «Si hay que movilizarse en navidades, se hará. En la minería estamos acostumbrados».
Los sindicatos apuntan que la propuesta que plantea la SEPI «no es la hoja de ruta que nos acerca al esperado acuerdo, como tampoco lo es tomar decisiones desde un despacho de Madrid, alejados totalmente de la realidad, sobre las soluciones que han de ponerse encima de la mesa para trabajadores de muy difícil recualificación, tal y como se recoge en el propio Acuerdo Marco para una Transición Justa de la Minería del Carbón».
[–>
Las centrales mineras son tajantes: «De no haber respuesta a nuestra petición en los próximos días, nos veremos abocados a iniciar un calendario de movilizaciones con el objetivo de revertir esta situación».
Suscríbete para seguir leyendo
Puedes consultar la fuente de este artículo aquí