El día en el que Koldo boicoteó la colaboración de Ábalos con Anticorrupción: “No va a declarar»
Junio de 2025 y en los tribunales madrileños ya se atisbaban las vacaciones de verano. Sin embargo, el entonces abogado de José Luis Ábalos, José Aníbal Álvarez, estaba convencido de que la mejor opción para su cliente era llegar a un pacto y reducir daños. Con la autorización del exministro de Transportes, este letrado llamó a la Fiscalía Anticorrupción para tratar de sondear la posibilidad de conseguir una mejora para Ábalos. La cita se concertó, y según explican a esta redacción las fuentes consultadas, Alejandro Luzón dejó claras las opciones que veía: aplicar el Código Penal, a semejanza del comisionista Víctor de Aldama.
[–>[–>[–>Y esta posibilidad convenció al abogado defensor de Ábalos, un experimentado letrado que ha protagonizado causas en la Audiencia Nacional, el propio Tribunal Supremo y los impredecibles juzgados de la madrileña Plaza de Castilla. Era consciente del sinuoso camino que tendría su cliente, que podría afrontar relevantes penas de prisión si no comenzaba a colaborar con la Justicia.
[–> [–>[–>El exministro José Luis Ábalos y Koldo García llegan a la Corte Suprema / EUROPA PRESS
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Y esa colaboración pasaba por confesar en el Tribunal Supremo unos días después, y convencer a Anticorrupción de que había contado todo lo que sabía.
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«No va a declarar»
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Sin embargo, el día antes de la declaración, domingo 22 de junio, José Luis Ábalos y su “alter ego”, como lo ha definido el fiscal Luzón, volvieron a hablar. Y en esa conversación, que presenciaron varias personas, Koldo García sentenció, según explican fuentes del caso: “No va a declarar”, dijo el exasesor. Y Ábalos, en cuestión de horas, cambió de opinión.
[–>[–>[–>Y esas dudas del exministro de Transportes se plasmaron en la declaración que se iba a producir unas horas después en el Tribunal Supremo, el lunes 23 de junio. Tras anunciar su intención de no declarar, Ábalos, a quién le habían aconsejado que para minimizar la posibilidad de ingresar en prisión, tenía que evidenciar su colaboración con la Justicia, volvió a cambiar de opinión para responder las dudas del instructor y de la Fiscalía Anticorrupción. El testimonio de Ábalos y su situación física evidenciaban sus dudas con la estrategia judicial. Y ahí comenzó la ruptura entre el ex secretario de Organización del PSOE y su letrado, a quien previamente había felicitado y agradecido públicamente su ayuda.
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«Renuncia al escaño»
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Cerrada la vía de colaboración con la Fiscalía, el letrado José Aníbal Álvarez propuso a su cliente una nueva jugada arriesgada. Y lo hizo tras conocer que el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente había anunciado en uno de sus autos que la instrucción de la pieza separada de las mascarillas se encaminaba hacia una de sus etapas finales. El letrado insistía a Ábalos que tenía que renunciar a su escaño para tratar de alejarse del Tribunal Supremo, que como se ha visto en el caso del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, no dispone de una segunda estancia que pueda corregir sus sentencias.
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[–>Las fuentes consultadas explican a esta redacción que la opinión del letrado José Aníbal Álvarez se corrobora con la praxis habitual de la mayoría de abogados expertos en la jurisdicción penal. El propio Ábalos aludió a la posibilidad de accionar al «botón nuclear» de la dimisión, que hubiera frenado las pesquisas, pues dejaría de estar aforado, por lo que la causa se trasladaría a la Audiencia Nacional.
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El abogado de José Luis Ábalos, José Aníbal Álvarez, antes de la llegada de Koldo García al Tribunal Supremo. / José Luis Roca
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Por eso, una posible renuncia al escaño hubiera ralentizado la instrucción de la causa. La gran cantidad de casos complejos que se investigan en la Audiencia Nacional, y más el Juzgado Central de Instrucción número 2, hubieran impedido que el magistrado Ismael Moreno fuera tan rápido como su predecesor, Leopoldo Puente.
[–>[–>[–>Jubilación del juez
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Además, Moreno cumplirá en septiembre de 2027 los 72 años, por lo que la jubilación del magistrado podría haberse producido antes de que se finalizaran las pesquisas. Y eso habría ralentizado, toda vía más, la instrucción del ‘caso del pelotazo de las mascarillas’.
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Asimismo, la reciente experiencia del ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz evidencia que fiar una causa al Tribunal Supremo “es un arma de doble filo”, pues el aforado renuncia a una segunda instancia, como sí tiene la Audiencia Nacional, e incluso a la tercera, el recurso de casación, que tendrían que ser aceptado por el Alto Tribunal.
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Las fuentes consultadas recuerdan la situación que se ha vivido en el ‘caso Pujol’, que confesó en 2014, pero que ha tenido que esperar 11 años, hasta noviembre de 2025, para que se celebre el juicio en la Audiencia Nacional. Y una dilación similar, aunque fuera inferior, hubiera sido muy relevante para los intereses de José Luis Ábalos, que el 9 de diciembre cumplirá 66 años.
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Rechazó renunciar
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Pero Ábalos rechazó esa renuncia que le propuso su letrado, y abrió una brecha que se volvió infranqueable tras conocer José Aníbal Álvarez, por una publicación en prensa, que su cliente se había reunido, sin su conocimiento, con diferentes letrados.
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La relación se había roto, pues Ábalos había ‘traicionado’ a su letrado, quien durante meses había defendido a su cliente frente a las convicciones que llegaban desde el Tribunal Supremo, que basó sus pesquisas en las investigaciones desarrolladas por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
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El empresario Víctor de Aldama con su abogado, José Antonio Choclán / FERNANDO VILLAR/EFE
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La salida de este letrado de la causa, cuya participación fue destacada por el propio magistrado del Supremo Leopoldo Puente, sirvió para acelerar, todavía más, la caída del exministro. Ábalos y Koldo García volvieron a negarse a declarar el 15 de octubre, y como se había anunciado el instructor daba por finalizada la investigación del pelotazo de las mascarillas. Y como colofón, el fiscal Luzón ha acabado pidiendo 24 años de cárcel para el exministro, 19 años y seis meses para su “alter ego” y solo 7 para Víctor de Aldama, quien sí hizo caso a los consejos de su abogado, José Antonio Choclán, y colaboró con la Justicia casi desde el principio, y por eso se ha beneficiado del atenuante de confesión.
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En sentido contrario, el futuro judicial del que fuera ‘número dos’ de Pedro Sánchez en el PSOE, según dice de forma literal el auto de ingreso en prisión del juez Puente, incluye unas penas, “en su mínima extensión legal” que implicarían “una sanción privativa de libertad de extensión no menor a los diez años de prisión (doce años y seis meses de prisión, precisó el Ministerio Público)«. Y todo ello «con la inminente celebración del juicio oral, cada día más próxima», concluye el magistrado del Supremo.
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