La maniobra responde a la agresiva estrategia judicial que está llevando a cabo el fondo Blasket Renovables, que representa los intereses de una veintena de fondos acreedores de España de renovables, para aprovechar el paso de la selección española de fútbol por Estados Unidos con motivo de su participación en el Mundial para intentar hacer valer sus derechos frente a los activos y contratos formalizados por la Real Federación Española de Fútbol para garantizar la logística y el mantenimiento de la selección.

En concreto, el movimiento de los representantes de los acreedores de España pretende tener la sentencia registrada en los distritos federales en los que el equipo pueda jugar durante su participación en la competición para facilitar cualquier posible actuación «de investigación patrimonial, localización de bienes y posibles procedimientos de embargo de activos o bloquear pagos dentro de las jurisdicciones correspondientes», según fuentes cercanas al fondo.

«Los acreedores están utilizando todas las herramientas jurídicas a su alcance para hacer cumplir las resoluciones judiciales firmes», apuntan estas mismas fuentes. «La ampliación de los registros en Estados Unidos demuestra que la fase de ejecución sigue avanzando y que las consecuencias del impago siguen extendiéndose internacionalmente».

En un reciente acto en Madrid, fuentes de la firma King & Spalding, responsable de la estrategia jurídica del fondo, advirtieron de que su actuación no se limitaría a intentar embargar bienes, derechos, cuentas o derechos de cobro o pago de la Federación Española de Fútbol sino que alcanzaría incluso otros activos del Estado como Aviones en los que podrían viajar las autoridades españolas. a Estados Unidos para poder ver un partido de la selección, como el Halcón del Presidente del Gobierno.

España ha sido condenada por tribunales arbitrales internacionales a indemnizar con 2.316 millones de euros a más de una veintena de fondos de inversión que financiaron y desarrollaron instalaciones renovables en España a finales de la primera década del siglo, atraídos por las generosas bonificaciones reconocidas por el Gobierno para la generación de energías renovables, y que luego se vieron perjudicados por la retirada de esas bonificaciones cuando la crisis financiera hizo necesaria la contención del gasto público. La agresiva estrategia judicial de los acreedores ha permitido bloquear derechos de cobro de 250 millones de euros en Bélgica y forzar el embargo de la sede del Instituto Cervantes en Países Bajos.