El Gobierno contra la sanidad privada
La voluntad del Gobierno socialcomunista de exprimir a familias y empresas con impuestos cada vez más altos para financiar el gasto público no tiene límite. Como malos cazadores, Hacienda dispara contra todo lo que se mueve sin tener en cuenta su impacto en la actividad económica y el bienestar de los ciudadanos. En este marco se inserta la pretensión del gobierno de imponer un impuesto del 8% a las compañías privadas de seguros de salud. Esto es, un homenaje a la salud de las personas. El objetivo no es mejorar la cobertura sanitaria de los ciudadanos, sino obtener, en cualquier caso, ingresos para las arcas del Estado.
Por ahora, esta iniciativa se encuentra paralizada por Juntos que, independientemente de la valoración de su posición sobre otras cuestiones, se está convirtiendo en un muro de contención contra un buen número de medidas gubernamentales dirigidas contra empresas y contra la propiedad privada con el objetivo de aumentar el control de la economía por parte del Estado. Y aunque la formación catalana orienta su actuación en función de los intereses del Principado, lo cierto es que, En el ámbito económico produce externalidades positivas para el resto del Estado.
Como siempre, la justificación del Gobierno para gravar con un impuesto a las mutuas de salud se basa en una falacia: la idea de que estas entidades y, en general, la asistencia sanitaria en España es cosa de «ricos». Esta tesis es falaz y carece de sustento empírico. Se trata de un ejercicio de populismo para justificar la urgente necesidad del Gobierno de aumentar los ingresos ante su negativa a recortar el gasto público y su compromiso con la Comisión Europea de reducir el binomio déficit-deuda pública.
En España, 12,4 millones de personas tienen seguro médico privado, el 25,8% de la población. Considerar que ese volumen de ciudadanos es rico cuando sólo el 5,1% de los contribuyentes del IRPF, 1,2 millones, obtienen ingresos superiores a 60.000 euros al año es, cuanto menos, una broma y bastante pesada. 11,4 millones de personas que tienen primas de salud privadas tienen salarios inferiores a 60.000 euros al año y se encuentran en los tramos de ingresos medios y medios-bajos.
El objetivo no es mejorar la cobertura sanitaria de los ciudadanos, sino obtener, en cualquier caso, ingresos para las arcas del Estado.
En este contexto, un aumento del 8% en las primas penalizaría especialmente a las personas que por edad tienen pólizas más caras y, por supuesto, a aquellas con menores ingresos. El resultado sería el traslado de un número sustancial de personas de la sanidad privada, que no pueden pagar, a la sanidad pública, aumentando la presión de la demanda sobre la misma, una parte muy importante de la cual ahora está cubierta por el sector privado. Por tanto, el gasto público destinado a financiar este programa de Estado de Bienestar crecerá. Pero la historia no termina ahí.
Si tenemos en cuenta la inexorable tendencia al alza del gasto sanitario del sector público provocada por el envejecimiento de la población, lo inteligente y racional no es acentuar esta trayectoria, sino frenarla, y para ello es necesaria la participación del sector privado. sector es esencial. Pero vale la pena tener en cuenta algo básico. Más allá de las exigencias recaudatorias del Gobierno, el impuesto a las mutualidades y compañías de seguros privadas persigue un objetivo claro a largo plazo: nacionalizar de facto el sistema sanitario. Y eso produciría lo que la coalición de gobierno argumenta para legitimar esta medida: limitar el acceso a la sanidad privada para los ingresos altos. En otras palabras, el impuesto tendría efectos redistributivos negativos.
Además, erosionar la capacidad de las personas para acceder a seguros médicos privados es una restricción a su libertad. Las mutuas y compañías aseguradoras permiten a las personas acceder a la asistencia sanitaria cuando la necesitan, sin tiempos de espera y, en general, con libre elección de médico y pruebas de diagnóstico rápido. Según los estudios disponibles, estos son los factores determinantes fundamentales por los que las personas eligen suscribirse a ellos.
La izquierda española confunde garantizar el acceso de todos los ciudadanos a los servicios sanitarios con su prestación monopolística por parte del Estado. Y existen mecanismos mucho más eficientes para brindar una buena atención médica a un costo menor. Para empezar, es o, más concretamente, sería negativo para todos aumentar el coste del seguro médico privado por las razones que se indican a continuación.
Hay mejores fórmulas para garantizar a todos los ciudadanos el derecho a una cobertura sanitaria adecuada. Uno de ellos es él chequeo de salud. El Gobierno podría dar a las familias una controlarcuyo monto equivaldría al costo promedio per cápita del gasto público en salud, y aquellos podrían cubrir su atención médica ya sea en el sector público o en el sector privado. Este sistema fue introducido, por ejemplo, en Suecia y ha tenido excelentes resultados. La libertad de elección y la competencia se han traducido en mejores y mayores ofertas de atención médica y costos reducidos.
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