El Gobierno de Milei clasifica a las personas con discapacidad como «idiotas», «imbéciles» y «débiles mentales»
El Gobierno de ultraderecha de Argentina ha resuelto que el lenguaje procaz del presidente Javier Milei tenga la fuerza de una ley y por eso decretó que es legítimo llamar «idiota», «imbécil» y «débil mental» a las personas con discapacidad intelectual. La medida fue publicada en el Boletín Oficial y provocó el estupor generalizado de especialistas. Milei no hizo más que convertir su propia habla pública en norma del Estado a pesar de que este giro sin precedentes viola acuerdos internacionales contra la discriminación.
El anuncio se conoce pocos días después de que en su última intervención en Estados Unidos el anarcocapitalista llamase «cabeza de pulpo» a una persona que supuestamente interfería su exposición. Señaló que los octópodos tienen el «excremento en la cabeza» y son, por lo tanto, unos tontos.
Ahora, las expresiones coloquiales de mal gusto buscan ordenar las responsabilidades del Estado. Según el decreto oficial, una nueva clasificación debe regir para dejar atrás toda sospecha de empatía, consideración científica actualizada o rastros de la cultura ‘woke’ que tanto abomina Milei. «Los grupos son: 0-30 (idiota): no atravesó la etapa glósica, no lee ni escribe, no conoce el dinero, no controla esfínteres, no atiende sus necesidades básicas, no pude subsistir solo; 30-50 (imbécil): no lee ni escribe, atiende sus necesidades elementales, pueden realizar tareas rudimentarias; 50-60 (débil mental profundo): solo firma, tiene vocabulario simple, no maneja el dinero, puede realizar tareas rudimentarias».
Reacciones de indignación
Como era de esperar, la comunidad científica pasó de la incredulidad a la estupefacción. «Esto es una barbaridad», advirtió el doctor en Estudios sobre Desarrollo y profesor universitario Julen Bollain.
El trasfondo de este giro sorprendente tiene también su capítulo contable. El «mayor ajuste económico de la historia», como lo denomina el mandatario, debe afectar también a las personas con distintos grados de capacidad que recibían una amplia protección.
A partir de estos cambios, los titulares del Certificado Único de Discapacidad (CUD) se verán afectados por cambios en los requisitos para la renovación. La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) consideró que «las expresiones que usa la normativa refuerzan la discriminación que ha existido históricamente y aún existe». «Son términos obsoletos y peyorativos que implican una violación directa a la Convención (Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad), que en el artículo 8 establece el deber de los Estados de adoptar todas las medidas para fomentar el respeto y dignidad de las personas, luchar contra prejuicios y estereotipos. Usar estos términos es contrario a los deberes que establece este artículo en cuanto a la lucha contra la discriminación».
Gabriela Troian, la presidenta de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), habló de un acto de «violencia institucional sin precedentes«. También subrayó que «muestra un profundo desconocimiento de las personas con discapacidad y de la normativa vigente en la Argentina sobre cómo referirse a ellas». En tanto, la presidenta del Instituto Provincial para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (IPRODICH) de la norteña provincia de Chaco, Ana María Mitoire, remarcó el carácter «retrógrado» de la resolución. «Tiene que ver con un modelo ya perimido (obsoleto), donde no se reconoce a la persona con discapacidad como un sujeto de derecho en igualdad de condiciones«.
El exsecretario de Cultura del anterior Gobierno de derechas de Mauricio Macri, Pablo Avelutto, sostuvo que un Ejecutivo que utiliza categorías como «idiotas», «imbéciles» y «débiles mentales» es «un Gobierno de hijos de puta» y no hay «otras palabras para describirlo».
El decreto añade una nueva capa de asombro e indignación al presente argentino en momentos que la estafa con el activo digital $LIBRA golpea a la sede del Ejecutivo y crece la polémica por el nombramiento por decreto Manuel García Mansilla como nuevo juez del Tribunal Supremo. Un antiabortista declarado de estrechos vínculos con el Opus Dei.
Puedes consultar la fuente de este artículo aquí