Según fuentes parlamentarias consultadas por ABC, una de las opciones para evitar el decreto -que debe justificar la urgencia de la maniobra encaminada a mejorar las expectativas de jubilación de los 60.000 mutualistas de la abogacía y las alternativas de las otras ocho entidades de pensiones sociales- -seguridad que tienen la posibilidad legal de funcionar paralelamente a la Seguridad Social en el ámbito de las prestaciones-, podría ser el proyecto de ley para ampliar las medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo. En ese caso, el nuevo intento del departamento que dirige la ministra Elma Saiz de sacar adelante el puente del RETA se resolvería en el Comisión de Finanzas.

Sin embargo, de momento la situación de estancamiento parece continuar hasta que la Seguridad Social consiga suavizar la situación. posiciones de formaciones políticas hacia esta vía de traspaso de trabajadores autónomos al RETA. Cabe señalar que no sólo se rechazó la enmienda transaccional del PSOE que incluía la propuesta oficial de reforma de la ley de la Seguridad Social sino también las planteadas por Agregar y Poder Cayeron en dicha comisión, en medio de críticas de los partidos.

Falta de diálogo

Uno de los aspectos que critican los partidos, más allá del ejercicio de equilibrio parlamentario que está realizando el Gobierno para aferrarse a los pocos proyectos de ley de cara a avanzar en cuestiones ajenas a la materia, es la falta de diálogo sobre este punto de la puerta de entrada al RETA con las formaciones. Así lo expresó ERC asegurando que no ha habido «un diálogo suficiente por parte del Ministerio» al respecto.

Por su parte, PÁGINAS y voz Aseguran que la medida tiene la importancia suficiente para ser tramitada de manera autónoma e independiente, siendo materia de otra Comisión y es improcedente su debate como reforma a una ley de Justicia. Los populares aseguran que se trata de un «tema muy delicado» que debe ignorarse en una enmienda, mientras que Vox advierte de que en este momento «ninguna de las enmiendas referidas a la situación de la La puerta de entrada de los mutualistas al RETA «Cubren las diferentes expectativas y casuísticas de todos los implicados.»

Conviene recordar, en este sentido, que horas antes de que la modificación transaccional que dio lugar a la pasarela RETA para mutualistas entrara bajo los determinantes que marca la Seguridad Social, la Colegio de Abogados de Madrid También había manifestado sus reticencias sobre la propuesta final propuesta, asegurando que incorporaba limitaciones que «podrían excluir a determinados colectivos y dificultar el acceso a un sistema de Seguridad Social que responda plenamente al esfuerzo contributivo realizado a lo largo de su carrera profesional».

Propuesta mejorada

En concreto, el Colegio de Abogados se refiere a aspectos de la propuesta -desvelada por ABC- que, pese a suavizar los requisitos inicialmente propuestos, mantiene ciertos criterios cronológicos que limitan el acceso al RETA. En el planteamiento oficial, que podría ser objeto de revisión para obtener el apoyo que aún no tiene en el Congreso, la Seguridad Social excluyó sólo a los mutualistas alternativos que estuvieran inscritos en su colegio profesional a partir de 2013. A partir de ahí, exige que el El beneficiario de la medida no tiene 15 años de cotización a la Seguridad Social, que estaba en activo el 1 de enero de 2024 y que no tiene la condición de pensionista -tanto de la Seguridad Social como de su mutualidad-.

En este punto, tanto los grupos que representan a los afectados como los Movimiento J2 cualquiera Anamáni las entidades mismas -como la Mutualidadel mayor con 60.000 posibles beneficiarios de la pasarela- exige celeridad en la medida para que se dé solución a las demandas de estos autónomos y que puedan iniciar cuanto antes su planificación en materia de adaptación al nuevo sistema de cotizaciones .

Eso sí, las asociaciones reclaman una puerta de entrada al RETA sin condiciones que el Ministerio de Seguridad Social no está dispuesto a habilitar al considerar la necesidad de establecer unos mínimos que garanticen además el menor coste posible para las arcas del Estado. Hecho por el que se establecen requisitos que, a pesar de haberse ido moldeando a lo largo de la negociación con las partes implicadas, siguen centrándose en resolver situaciones de vulnerabilidad desarrollarse en el corto y mediano plazo.