La tensión persiste entre Alberto González Amador y María Jesús Montero. La pareja de Isabel Díaz Ayuso ha demandado hoy ante el Tribunal Supremo a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda por intromisiones ilegítimas en su derecho al honor y exige 40.000 euros por ello.

González Amador ya había presentado una denuncia contra determinadas declaraciones del ministro sobre el presunto delito fiscal que presuntamente cometió. Al no presentarse María Jesús Montero el pasado 2 de octubre al acto de conciliación de dicho juicio, el novio de Isabel Díaz Ayuso decidió acudir a autoridades superiores. La única manera que tiene ahora González Amador de continuar el proceso es a través de la Corte Suprema.ya que el vicepresidente está habilitado.

El juicio se basa en las palabras pronunciadas por María Jesús Montero los días 12 de marzo y 3, 23 y 24 de octubre de este año. Durante la primera reunión, la vicepresidenta aseguró durante la sesión de control del Senado que la presidenta madrileña podría “vivir en un piso pagado de forma fraudulenta”. Se refirió así a informaciones periodísticas que adelantaban la Denuncia de la Fiscalía de Madrid contra la pareja de Ayuso por un presunto fraude fiscal de más de 350.000 euros y que la presidenta regional residía en un piso valorado en un millón de euros pagado después de que Hacienda investigara a su pareja.

La defensa de González Amador anunció entonces varios procedimientos contra Montero por ultraje a su honor y revelación de secretos tras conocer algunos de sus datos fiscales, además de otra denuncia contra la fiscalía por la nota publicada en la que el Acuerdo alcanzado con Hacienda en el que admitió la paternidad de la comisión de dos delitos contra la Hacienda Pública en el Impuesto sobre Sociedades.

Este proceso también afectó al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz. González Amador presentó una denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra dos fiscales por difundir datos a los medios de comunicación. Cuando García Ortiz asumió la responsabilidad, el TSJM llevó el caso al Tribunal Supremo por si había pruebas en su contra.

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