El PP retoma su lucha contra la ley que beneficia a presos de ETA y activa el conflicto Congreso-Senado
El PP está dispuesto a llevar hasta las últimas consecuencias su lucha contra la ley que beneficiará a presos de ETA. Tras el supuesto error de los populares, que aseguran que no fueron conscientes de las implicaciones de la norma hasta el último minuto, los de Alberto Núñez Feijóo harán uso este miércoles de su mayoría absoluta en el Senado para activar un conflicto institucional con el Congreso alegando que la ley fue vetada en la Cámara Alta, pese a que no se cumplieron los requisitos exigidos por la Constitución y el reglamento de la Cámara. El de hoy es el primer paso para poder elevar este choque al Tribunal Constitucional.
Por segunda vez en democracia -la primera fue en abril a cuenta de la amnistía- se ha planteado un conflicto de competencias entre las Cortes Generales. Las dos veces impulsadas por el PP. En esta ocasión, los populares arremeten contra la Ley Orgánica sobre intercambio de información de antecedentes penales, conocida como ECRIS, y que se ha ganado el sobrenombre de ‘ley que beneficia a presos de ETA’ al eliminar una excepción legislativa que impedía convalidar las penas cumplidas en otros países en sentencias anteriores a 2010. Esto, principalmente, afectaba a miembros de ETA.
«Los socialistas se han puesto de rodillas ante el chantaje de los herederos de ETA y solo por seguir en el Gobierno», ha denunciado este miércoles el senador del PP, Antonio Silván, que ha criticado la «absoluta arbitrariedad» con la que la Mesa del Congreso rechazó el veto impuesto por el Senado en base a una interpretación del reglamento inédita. En frente, el senador socialista Antonio Magdaleno ha reprochado al PP que trate de «quebrar las instituciones desde dentro», que fabriquen «otro bulo más» y que traten de «desviar la atención de la realidad». Además, ha avisado de la «humillación jurídica» que sufrirá el Senado cuando el TC no le dé la razón.
La cronología
Esta modificación se introdujo durante la tramitación de la ley en el Congreso y el PP votó a favor en hasta tres ocasiones. La norma fue remitida al Senado y ninguna formación presentó enmiendas o propuestas de veto, al considerar correcto el texto. Sin embargo, un día antes de la votación, El Confidencial desveló las implicaciones de ese cambio, momento en el que PP y Vox pusieron el grito en el cielo. No obstante, fuentes de la dirección popular admitieron entonces que no se podía hacer nada, ya que no habían registrado iniciativas de veto, como exige el reglamento del Senado, por lo que la norma sería aprobada igualmente.
No obstante, los populares retrasaron la votación -incluso más allá del máximo permitido, según los letrados del Congreso- y el presidente del Senado, Pedro Rollán (PP), escudándose en un informe jurídico, dio por vetada la norma al entender que el rechazo de la mayoría de la Cámara Alta era más que suficiente y que no era necesario que hubiera vetos registrados. La Mesa del Congreso, también con informes de sus letrados, rechazó esta argumentación y envió la ley directamente al Boletín Oficial del Estado (BOE), mientras que el PP pedía una nueva votación en la Cámara Baja para levantar el veto del Senado.
Los siguientes pasos
El conflicto institucional, criticado por PNV, ERC, EH Bildu, Junts, Sumar y PSOE al considerar que solo sirve para poner «el Senado al servicio de los intereses partidarios del PP», se pone en marcha este miércoles y se abre un plazo de un mes en el que el Congreso deberá responder. Previsiblemente, la Mesa de la Cámara Baja, en manos de PSOE y Sumar, contestará que la ley ya está publicada en el Boletín Oficial del Estado y, por tanto, no pueden hacer nada. Entonces, el PP tendrá un mes para elevar la cuestión al Tribunal Constitucional.
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Este momento será clave, ya que en este punto fue cuando el PP dio marcha atrás en el conflicto abierto por la ley de amnistía. En mayo, pese a que la Mesa del Congreso se negara a retirar la medida de gracia como reclamaba el Senado, los populares decidieron dar marcha atrás y no acudieron al TC. En ese momento alegaron que la Mesa del Congreso no tenía competencias para responder y que debería haber sido el pleno de la Cámara Baja, por lo que entendieron que este «incumplimiento del presupuesto procesal» entorpecía «su derecho a plantear el conflicto». Ahora, en unos días, se volverán a encontrar con el mismo escenario y habrá que ver si toman la misma decisión o si en este caso deciden recurrir al Constitucional.
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