El presidente de Polonia, el ultraconservador Karol Nawrockiha presentado este jueves un recurso ante el Tribunal Constitucional para prohibir el partido comunista polaco (KPP, por sus siglas en polaco), argumentando que los objetivos y actividades de la organización incluyen «prácticas totalitarias del comunismo» que replicaría el régimen socialista que gobernó el país entre 1945 y 1989.

El presidente ha sostenido que tanto los objetivos como las actividades del KPP incluyen «métodos y prácticas totalitarias del comunismo» y «asumir la uso de la violencia para obtener poder e influencia en la política estatal», según el texto grabado, recogido por la cadena polaca TVP.

La moción de Nawrocki cuenta con el apoyo del Ley de Partidos Políticosque establece que si el Tribunal Constitucional determina que los objetivos o actividades de un partido político son incompatibles con la Constitución, emitirá inmediatamente una resolución para eliminarlo del registro, aunque por el momento ni la Justicia ni el partido se han pronunciado.

Sin embargo, no es el primer intento de prohibir el partido, a pesar de que No tiene ningún representante electo ni en el Parlamento.ni en el Senado, ni en los gobiernos locales ni en el Parlamento Europeo. En diciembre de 2020, la Fiscalía y el entonces ministro de Justicia del país, Zbigniew Ziobro, del partido nacionalista Ley y Justicia (PiS), pidieron al Tribunal Constitucional que prohibiera las actividades del KPP por, según él, incitar al totalitarismo en su carta de principios.

Ziobro reside actualmente en Hungría y es buscado por la Fiscalía polaca por un total de 26 cargos, incluido el liderazgo de una organización criminal organizada y el uso de casi 150 millones de zlotys (35 millones de euros) para financiar el sistema de espionaje israelí Pegasus, dirigido a empresarios, políticos y periodistas de la oposición.

Por su parte, el KPP, que ya esperaba su respuesta a la moción de Nawrocki, respondió afirmando que «todo el argumento se basa únicamente en datos históricos y intenta culpar al actual KPP por todos los errores del sistema anteriorque no era comunismo, sino un intento de introducir el socialismo, cuyo aspecto positivo eran las reformas sociales».

Choque institucional

Nawrocki también anunció esta semana su veto al nombramiento de 46 nuevos juecesuna decisión que intensifica el enfrentamiento con el gobierno de coalición liderado por Donald Tuskmientras ambos se acusan mutuamente de ir en contra del orden constitucional del país.

Nawrocki, alineado con el partido ultraopositor Ley y Justicia, justificó su rechazo porque los nuevos magistrados «cuestionan el orden constitucional y jurídico de la República de Polonia» y apoyó su veto al derecho que le concedió una sentencia del Tribunal Constitucional de 2012.

El presidente polaco subrayó en un comunicado que no concederá ascensos ni dará aprobación general a aquellos jueces que «escuchan los malos consejos del Ministro de Justicia(Waldemar) Żurek, que anima a los jueces a cuestionar el orden constitucional y jurídico de la República.»

Finalmente añadió que durante los cinco años de su mandato, asumido este verano, «ningún juez que cuestione los poderes constitucionales del presidente, la Constitución polaca y el sistema jurídico polaco puede contar con un nombramiento».

La situación agrava aún más la crisis judicial que atraviesa Polonia desde que en 2015 el anterior Gobierno del PiS implementara una reforma que politizó el Consejo Nacional de la Judicatura (KRS) sometiendo el nombramiento, destitución y gestión disciplinaria de los jueces al Ejecutivo.

El actual Gobierno de Tusk ha prometido «despolitizar» el KRS, otorgando a los jueces el poder de nombrar miembros del consejo y estableciendo requisitos de experiencia, además de limitar el acceso de los jueces nombrados bajo el Gobierno anterior a la Corte Suprema.

El presidente Nawrocki se ha mostrado contrario a cualquier «purga o trato discriminatorio de los jueces» nombrados en virtud de la reforma de 2015 y ha advertido que utilizará su veto contra las leyes que cuestionen el estatus de estos jueces.

El resultado es un choque institucional prolongado, con reformas del Ministerio de Justicia aprobadas por el Gobierno pero bloqueadas por el presidente, que mantiene abierta una profunda crisis del Estado de derecho en Polonia.