(Por Benito Arruñada, Catedrático de la Universidad Pompeu Fabra, ‘Profesor Afiliado’ de la BSE, investigador asociado de FEDEA y coordinador del Foro Mercado Libre)

El Gobierno de Galicia ha puesto en marcha un conjunto de medidas para el sector energético que está generando polémica tanto dentro como fuera de la comunidad autónoma. Estas iniciativas incluyen la creación de RDG Comercializadora Galega de Enerxía, una comercializadora de electricidad impulsada por la Xunta con un 30% de capital público, y un Plan Eólico que exige la renovación de más de 3.000 aerogeneradores antiguos en estrictas condiciones. Además, las empresas energéticas deberán vender al menos la mitad de su producción local a pymes gallegas a precios intervenidos, hasta un 50% por debajo del mercado.

Un modelo de intervención sin precedentes

La creación de RDG Comercializadora Galega de Enerxía se presenta como una solución para abaratar el precio de la electricidad y beneficiar a los ciudadanos gallegos. Sin embargo, esta medida genera incertidumbre en varios frentes. Si el comercializador adquiere electricidad en el mercado mayorista estará sujeto a la misma dinámica que cualquier otro, lo que dificultará cumplir el objetivo de ofrecer precios más bajos. Por otro lado, si la Xunta obligara a los productores privados a vender parte de su energía a precios reducidos, podría considerarse una expropiación y una medida ilegal, abriendo la puerta a litigios y sanciones tanto nacionales como europeas.

Además, la viabilidad financiera de esta iniciativa es cuestionable. La venta de electricidad por debajo del precio de mercado generará déficits que, tarde o temprano, habrá que compensar, ya sea con impuestos adicionales o con recargos en las tarifas de otros consumidores. Esto podría perjudicar tanto a los usuarios gallegos como a los de otras regiones.

El Plan Eólico: ¿una barrera a la inversión?

El Plan Eólico pretende obligar a las empresas a renovar sus instalaciones, sustituyendo los antiguos aerogeneradores por modelos más modernos y potentes. Si bien la modernización tecnológica es positiva, imponerla bajo amenaza de retirada de licencia genera inseguridad jurídica y aumenta los costes para las empresas. Este enfoque ignora los principios fundamentales de una regulación eficiente, que sugieren que los gobiernos deberían fijar objetivos claros y dejar que los operadores, que tienen el conocimiento, decidan cómo alcanzarlos.

Además, la imposición de precios intervenidos y la obligación de priorizar las ventas locales rompen contratos preexistentes y afectan negativamente la confianza de los inversores. Estas medidas podrían desalentar futuras inversiones en Galicia, poniendo en riesgo su posición como líder en energías renovables en España.

Impacto en el mercado único

La obligación de vender una proporción importante de la energía generada en Galicia a empresas locales a precios intervenidos no sólo introduce distorsiones en el mercado, sino que también plantea serias dudas sobre su compatibilidad con la normativa europea.

Estas regulaciones buscan garantizar un mercado único competitivo, en el que todas las regiones y actores económicos compitan en igualdad de condiciones. Por ejemplo, las empresas asturianas que dependen de contratos a largo plazo con generadores gallegos podrían verse obligadas a pagar tarifas más altas, mientras que sus competidores en Galicia obtendrían electricidad a precios reducidos. Este tipo de medidas fragmentan el mercado eléctrico español y afectan negativamente a su competitividad. Sería de esperar que las empresas perjudicadas demandaran a la Xunta ante los tribunales.

Una oportunidad perdida para Galicia

Galicia tiene un gran potencial en energías renovables y debe ser un modelo de cómo integrar estas fuentes al mercado de forma sostenible. Sin embargo, las políticas de intervención extrema no sólo amenazan con comprometer este liderazgo, sino que también crean tensiones legales y económicas que podrían tener consecuencias a largo plazo.

La construcción de más de un centenar de parques eólicos, por unos 2.300 megavatios (MW), está paralizada en los tribunales. No parece que este Plan Eólico vaya a desbloquear ese bloqueo, sino todo lo contrario.

El Gobierno gallego debería reconsiderar su enfoque y optar por políticas que favorezcan la inversión, respetando los principios del mercado único y la normativa europea. Las buenas intenciones no son suficientes; Se necesita una visión estratégica y un marco regulatorio estable para garantizar el desarrollo del sector energético.