El exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ya planifica sus próximos pasos tras ser condenado por revelar datos confidenciales. Según ha podido saber laSexta, García Ortiz presentará recurso de nulidad ante el Tribunal Supremo para anular la sentencia. Una vez rechazada, se podría recurrir al Tribunal Constitucional por vulneración de derechos fundamentales.

Respecto a la sentencia, el entorno del exfiscal general guarda silencio y no quiere hacer ninguna valoración al respecto.

Las sentencias del Tribunal Supremo no son recurribles, pero existe la posibilidad de que Gacía Ortiz interponga un incidente de nulidad, un procedimiento excepcional para impugnar resoluciones judiciales firmes que pocas veces prospera porque es el propio Tribunal Supremo el que lo resuelve.

Agotada esa vía, el exfiscal general podría presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional si considera que durante el proceso se vulneraron sus derechos fundamentales. Dispone de 30 días para hacerlo desde la publicación del fallo.

Según Servimedia, no es habitual que el Tribunal Constitucional revoque una sentencia del Tribunal Supremo, pero en los últimos tiempos se han dado ejemplos como la anulación de las sentencias ratificadas por el Tribunal Superior de varias personas condenadas por fraude a los ERE, entre ellos los expresidentes socialistas de Andalucía José Antonio Griñán y Manuel Chaves.

García Ortiz también podría acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo, para pedirle que verifique si las autoridades españolas han salvaguardado adecuadamente los derechos y libertades, aunque no es una vía que ni él ni su entorno hayan comentado a la prensa.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha condenado a Álvaro García Ortiz como autor de un delito de revelación de datos confidenciales por la filtración de una cadena de correos electrónicos entre el abogado de Alberto González Amador, novio de Ayuso, y el Ministerio Público, así como la publicación de una nota de prensa posterior.

El Tribunal Supremo considera probado que García Ortiz «o alguien cercano a él» filtró dicho correo electrónico. Por ello, fue inhabilitado durante dos años para el cargo de Fiscal General del Estado y condenado al pago de una multa de 7.200 euros. Además, deberá indemnizar a González Amador con 10.000 euros por daño moral.

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