El Ministerio de Hacienda ha decidido aplazar la entrada en vigor del sistema Verifactu hasta 2027, sobre todo por la falta de claridad e información al respecto, lo que ha generado una alarma innecesaria entre pymes y autónomos. Según el presidente del Consejo General de Colegios de Directivos Administrativos de España (CGCGAE), Fernando Jesús Santiago, “este retraso proporciona por fin la tranquilidad que empresas y autónomos no han tenido a lo largo de este año”.

Aun así, los responsables administrativos advierten de que este aplazamiento «sólo tendrá sentido si se aprovecha para hacer bien lo que no se ha hecho hasta ahora»: aclarar quiénes deben beneficiarse del sistema, ordenar su implantación y evitar que el mercado vuelva a sufrir una ola de confusión.

La AEAT generó la sensación de que todos deben ser bienvenidos, cuando la normativa dice lo contrario.

El Ayuntamiento recuerda que la normativa siempre ha sido clara: sólo están obligados quienes facturan a través de un sistema informático de facturación, exclusivamente en los términos de la normativa.

«Durante meses, muchos autónomos y pequeñas empresas han vivido con la idea equivocada de que Verifactu era obligatorio para todos. Ese sentimiento, alimentado en parte por comunicaciones imprecisas, abrió la puerta a que algunas empresas vendieran soluciones que no eran necesarias», explica Santiago.

Los responsables administrativos sí tuvieron claridad: ahora toca que todo el país la tenga

Los responsables administrativos insisten en que siempre han tenido conocimiento técnico absoluto del alcance de Verifactu. «El problema no estaba en la norma, sino en el ruido. Sabíamos quién debía beneficiarse y quién no. Lo que pedimos ahora es que esa claridad sea compartida por la Agencia Tributaria, por las empresas tecnológicas y por todo el tejido productivo».

Un año para pedir lo que no se pidió: no más incertidumbre ni más costes innecesarios,

El Consejo observa que este año adicional se dedicará a definir y comunicar con precisión qué empresas están obligadas y cuáles no; para garantizar una implementación técnicamente viable y homogénea; para evitar costes injustificados para los trabajadores autónomos y las micropymes; y para garantizar que Verifactu no se convierta en una nueva fuente de carga administrativa.

«Lo que necesitan las pymes y autónomos es seguridad. No más cambios de criterio, no más dudas, no más decisiones precipitadas», afirma Santiago.

Colaboración total con la Administración y el tejido empresarial

Los responsables administrativos reiteran su plena disposición a colaborar con la Agencia Tributaria -como lo vienen haciendo desde hace décadas- para organizar una transición ordenada, realista y respetuosa con la capacidad operativa de las pequeñas empresas.

«Estamos aquí para ayudar. España tiene un aliado en los responsables administrativos: somos parte de la solución, no del problema», concluye Fernando Santiago.