Durante todo el pasado lunes 30 de septiembre, España fue notificada de una nueva derrota en el marco del litigio internacional para la retirada retroactiva de primas renovables. Esta vez es la decisión del comité ‘ad hoc’ constituido en el seno del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) con motivo del pedido de anulación del laudo la que obliga a nuestro país a indemnizar a la aseguradora. energía renovable alemana Steag.

El tribunal que anuló la solicitud del gobierno español fue confirmado por Eva Kalnina (presidenta), Milton Estuardo Argueta Pinto y Ricardo Vásquez Urra. Esta instancia ha rechazado la solicitud de nulidad con la que el Ejecutivo pretendía anular el laudo dictado a mediados de agosto de 2021, que condena a nuestro país a pagar unos 30 millones de euros como compensación por las pérdidas derivadas de los cambios regulatorios y fiscales. que fueron adoptados entre 2010 y 2014.

Steag exigió al Estado español un pago de 79 millones de euros. El arbitraje comenzó en 2015 y finalizó en 2021 con una decisión que reconoció una indemnización cercana a los 30 millones. El proceso de intento de anulación del laudo por parte de España, que ahora toca a su fin, ha retrasado tres años más la resolución definitiva de este proceso, lo que supone en cualquier caso una nueva derrota para nuestro país y agrava la inseguridad jurídica asociada con el escándalo de las bonificaciones.

El pasado mes de septiembre se supo que la justicia Americana ha autorizado el embargo de bienes y activos del Reino de España como medida de compensación por los impagos que están sufriendo las empresas afectadas, que ascienden a más de 1.882 millones de euros como golpe económico de una saga que no sólo abarca más de 25 pagos pendientes por indemnizaciones, intereses de demora, costes de pedidos y Honorarios de consultores y abogados contratados por el gobierno español.

Además, a lo largo del verano se comunicaron nuevas medidas de embargo autorizadas por la justicia belga, que ha intervenido en los pagos de Eurocontrol a Enaire a petición de una de las empresas afectadas por los impagos.