El atractivo de la economía española para los inversores se está viendo perjudicado. En la primera mitad del año, La inversión extranjera directa cayó más del 60%habiendo pasado de los 21.400 millones de euros registrados en el mismo periodo del año anterior, a 8.470 millones de euros. Del mismo modo, España cayó dos puestos en la última edición del Índice Kearney, que mide la confianza de los inversores en nuestro país, saliendo así del top 10 mundial, debido a la inseguridad jurídica, la insuficiente protección de los derechos de propiedad, las excesivas cargas burocráticas, los insuficientes incentivos fiscales a la inversión extranjera y la inestabilidad política.

Asimismo, nuestro país cayó cuatro puestos en el Índice de Competitividad 2024, convirtiéndose en el país número 40 de la clasificación, el peor resultado de España desde 2013 y el segundo peor desde que se elabora este estudio. Por otro lado, el informe del IJM que evalúa la claridad regulatoria de los países detalla que España está por delante sólo de Francia y Bélgica. En este sentido, se enfatizó que la sobrecarga de regulaciones genera un «impuesto regulatorio oculto» que llega al 70 mil millones de euros cada añolo que equivale al 4% del PIB español.

En este contexto, a todos los impedimentos que existen para la llegada de inversiones a nuestro país, hay que sumar también la desconfianza que genera en los inversores la negativa del Gobierno de España a hacer frente al pago de las primas de las renovables. Así, el impago de estas obligaciones ya acumula una deuda de 2.180 millones de eurosque se dividen en 1.754,7 millones en indemnizaciones y 416,4 millones en intereses y costas.

Sin embargo, es importante considerar que, a pesar de lo que pueda suponerse, los premios por el impagos de energías renovables No sólo se reducen a un problema para las cuentas públicas y el Gobierno, que ve cómo los acreedores exigen el pago de sus deudas incluso con bienes o participaciones en entidades en las que está presente el Estado español. En realidad, esto tendrá consecuencias para todos los ciudadanos. Por tanto, según se detalla en una web creada para informar sobre las obligaciones que acumula el Gobierno en este ámbito, la deuda de nuestro país por estos fallos Crece casi 2 euros cada segundo.

Esta web también explica que «España tiene más deudas por arbitraje internacional que cualquier otro país del mundo, encabezando la lista junto con Rusia y Venezuela». De hecho, se destaca que nuestro país es uno de los pocos, junto con Venezuela, que se niega a acatar las sentencias finales del CIADI del Banco Mundial. Así, incluso se informa que «el estado de derecho está en peligro y el Gobierno español está fallando a sus ciudadanos.