La denuncia contra el actual obispo de Cádiz, Rafael Zornozapor presuntos abusos sexuales a menores durante su etapa como rector del seminario de Getafe en los años noventa, no es un caso aislado. En la misma diócesis madrileña, en la que Zornoza fue una de las figuras más influyentes de la jerarquía eclesiástica, han salido a la luz al menos otras tres denuncias hasta ahora desconocidas que apuntan a una patrón de ocultamiento y falta de acción contra los abusos del clero.

Según revela El País, las acusaciones cuestionan la gestión del tres obispos quienes han dirigido la diócesis de Getafe desde su creación en 1991: Francisco José Pérez (1991-2004), ya fallecido; Joaquín María López de Andújar (2004-2018), actual obispo emérito; y el dueño actual, Ginés García Beltrán.

La diócesis de Getafe, tras ser consultada por El País, ha reconocido que «la ausencia de protocolos y directrices Esto significó que en algunos casos antiguos las denuncias presentadas no siempre se tramitaron de forma adecuada y rápida.

Los registros recopilados por el periódico indican que en la diócesis de Getafe Hay al menos seis casos en total. Entre los casos documentados se encuentra la denuncia presentada en 2017 por una mujer que acusó a tres sacerdotes -dos de ellos miembros del movimiento Comunión y Liberación- de abuso hasta 11 víctimas. Los tres fueron finalmente expulsados ​​del estado clerical.

Por otro lado, en 2005 el obispado de Getafe acogió al sacerdote José Poveda, trasladado desde Italia con una carta de recomendación, pese a haber abusado de al menos 11 menores en una parroquia de Roma.

Una tercera denuncia llegó a la diócesis en 2010 y denunciaba abusos cometidos en 2008 por un sacerdote contra tres menores de 14 años. El sacerdote realizó toques. y obligó a una de las víctimas a practicarle una felación. Aunque el caso no había prescrito y las víctimas eran aún menores de edad, el obispado, entonces dirigido por López de Andújar, no informó a las autoridades.

El País informa que el proceso canónico concluyó con la expulsión del sacerdote del estado clerical y el pago de 14.000 euros por la diócesis para cubrir la Terapia psicológica para una de las víctimas.. Sin embargo, el obispo siguió pagando el salario del abusador hasta su muerte.

*Seguir laSexta en Google. Todas las novedades y el mejor contenido aquí.