La Real Federación Española de Fútbol ha solicitado formalmente a los acreedores internacionales de España la impagos de energías renovables que excluyen a la Selección de la ofensiva judicial desplegada en Estados Unidos con motivo del Mundial 2026.

en uno carta enviada recientemente a los representantes de los fondos afectados por los recortes retroactivos de las primas energéticas, La RFEF se desvincula del Estado y exige que cese una estrategia que amenaza con acompañar a la selección durante toda su participación en el torneo.

La Federación sostiene que su Los bienes, incluidos los de la Selección Nacional, no están vinculados al Estado. y que «debería quedar al margen» de la polémica por las adjudicaciones, según fuentes cercanas a los demandantes.

La organización que preside Rafael Louzán expresa también su preocupación por el impacto que la sucesión de resoluciones judiciales y acciones de acreedores puedan tener sobre el equipo en vísperas de la gran cita futbolística. Preparación para la Copa del Mundo «requiere tranquilidad y calma» que se ven quebradas por la sucesión de noticias negativas y golpes judiciales que se están produciendo, añade.

utilidad publica

Lo cierto es que la RFEF, constituida el 29 de septiembre de 1909, es una entidad asociativa privada, aunque es de utilidad publicay por tanto se rige por la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, por el Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre, de Federaciones Deportivas Españolas, por las restantes disposiciones que integran la legislación española vigente, por sus Estatutos y su Reglamento General y por las demás normas internas que dicte en el ejercicio de sus competencias.

La petición de la RFEF llega en un momento especialmente delicado. Los acreedores afectados por los recortes a las energías renovables han decidido ampliar significativamente su radio de acción en Estados Unidos y ya no limitan su actuación a los estados donde España disputará la fase de grupos. Los fondos han registrado una de las sentencias federales favorables obtenidas contra el Reino de España en prácticamente todas las jurisdicciones de EE. UU. que podrían albergar reuniones de la Selección Nacional de las eliminatorias.

La documentación judicial refleja que la deuda ha sido registrada ante tribunales federales de Nueva York, Nueva Jersey, Massachusetts, Pensilvania, Georgia, Florida, Illinois, Tennessee (donde «la Roja» se mantiene en la primera fase de grupos), Texas y California, entre otros territorios.

La medida fue autorizada el 10 de abril por el Tribunal Federal del Distrito de Columbia, lo que permitió extender el registro de la sentencia a cualquier distrito judicial de Estados Unidos, facilitando así futuras investigaciones patrimoniales y posibles procedimientos de ejecución o embargo de bienes españoles.

La estrategia supone un nuevo paso en la presión internacional sobre España por el impago de las concesiones por recortes de primas a las renovables. Pero el cerco a la participación española en el Mundial también aumenta, ya que casi todas las grandes sedes americanas por las que podría pasar la Selección están en el objetivo de los acreedores.

Hasta ahora la atención se ha centrado en Atlanta (Georgia), donde España disputa dos de sus tres partidos de la fase de clasificación, y Chattanooga (Tennessee), donde tiene su sede. Sin embargo, el registro de la sentencia en los principales distritos federales estadounidenses amplía el alcance del proceso a Los Ángeles, Miami, Dallas, Kansas City o Nueva York-Nueva Jersey, escenarios por los que podría pasar el equipo de Luis de la Fuente si avanza en su participación en el Mundial.

Fuentes cercanas a los procedimientos aseguran que la ampliación de los registros es clave para facilitar la localización de activos y eventuales bloques de pagos dentro de cada jurisdicción. «Los acreedores están utilizando todas las herramientas legales para hacer cumplir las resoluciones firmes», señalan. En su opinión, «la ampliación de registros en Estados Unidos demuestra que la fase de ejecución sigue avanzando».

España acumula 27 premios internacionales pendientes de pago por esta causa. La factura total asciende a 2.316 millones de euros, de los cuales 552 millones corresponden a intereses, costes financieros y gastos judiciales generados durante años de litigio.

En las últimas semanas, los acreedores han conseguido el bloqueo de 250 millones por orden de la justicia belga y la incautación de la sede del Instituto Cervantes en Países Bajos. El Mundial se ha convertido en uno de los frentes más visibles de esta batalla legal.