Hay días en los que la realidad se impone como un gráfico rojo. La decisión del Gobierno de renunciar a 63.000 millones de euros en préstamos del Plan de Recuperación es la confirmación de la incapacidad de gestionar con solvencia la mayor inyección de recursos europeos de nuestra historia.

Tras seis modificaciones al Plan de Recuperación, el Gobierno anuncia la séptima adenda a un Plan que ha reducido su ambición y se ha convertido en una herramienta para distribuir fondos de forma arbitraria ante la falta de presupuestos.

No lideramos los desembolsos ni la ejecución y, si esto tiene que ser un cohete, va camino de estrellarse.

Al 31 de octubre de 2025, los pagos realizados desde el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) apenas alcanzan el 12,4% de lo presupuestado.

Sólo 4.300 millones en diez meses de los más de 34.500 millones disponibles. Este 2025 es, además, el peor año de todo el Plan, tanto en porcentaje como en volumen absoluto.

El Plan de Recuperación, ampliado con la Adenda de 2023, se presentó como una palanca de 163.000 millones de euros, aproximadamente el 13% del PIB, entre subvenciones y préstamos del MRR.

Sobre el papel, debería servir para impulsar la inversión pública, atraer cuatro euros privados por cada euro público y aumentar la productividad a través de reformas y proyectos transformadores.

Era el sueño de cualquier planificador, miles de páginas para rediseñar la estructura productiva del país desde arriba.

Hayek habría levantado una ceja ante la «soberbia fatal» de Sánchez al creer que desde las oficinas de Moncloa sabían más que millones de ciudadanos y empresas sobre qué inversiones son necesarias, en qué sectores y con qué prioridades.

Cinco años después, España ha recibido 71.432 millones (55.092 en subvenciones y 16.340 en préstamos).

Según Eurostat Sólo alrededor del 19,5% de lo asignado se habría ejecutado hasta 2024la productividad por empleado sigue por debajo de 2018 (-0,9%) y la inversión privada en términos reales (descontada la inflación) es un 5,1% inferior a la de 2019. El plan ha servido a Sánchez pero no a los intereses de los españoles.

Además, estamos en un momento crítico. Al “efecto bola de nieve” de los fondos que se arrastran sin ejecutarse, se suma el “efecto acantilado” por el vértigo de terminar las inversiones antes de agosto de 2026, los desembolsos solicitados antes de septiembre y el dinero recibido antes de diciembre de ese año.

Cuanto más se retrasa la ejecución, más crece la presión, más se multiplican las renuncias de los beneficiarios que ya saben que no llegarán a tiempo, y más fondos se gastan en fines no transformadores o premios discrecionales para mejorar el “photo Finish”.

Las cifras por ministerio son elocuentes: en octubre de 2025, Educación no llega ni al 1% de los pagos realizados, Transición Ecológica apenas supera el 2,7%, Ciencia e Innovación se queda en el 3% y Vivienda en torno al 10%. Son precisamente las carteras llamadas a impulsar la productividad, la innovación o la oferta de vivienda. Por otro lado, los ministerios con mejor ejecución se concentran en el gasto social y el aparato administrativo.

El problema no es la falta de dinero, sino la incapacidad de invertirlo bien y a tiempo.

Entre octubre de 2023 y octubre de 2025, el Plan ha sido modificado en seis ocasiones. En la Adenda 2023 se reformularon 52 hitos y objetivos. Luego vinieron decisiones de la Comisión que afectaron primero a 16 medidas, luego a 33, luego a 12, hasta culminar en octubre de 2025 con 17 medidas más redefinidas. El denominador común son los problemas administrativos, las cargas burocráticas, la falta de demanda en programas clave y errores de diseño en los indicadores que imposibilitan la verificación de los hitos.

Estas razones no caen del cielo. Son responsabilidad directa de Sánchez. Por si quedan dudas, cuando la Comisión indica que una medida es inviable por «falta o insuficiente demanda», lo que está diciendo es que los programas no se ajustan a las necesidades y capacidades reales de las empresas españolas.

Hayek insistió en que el conocimiento relevante para la acción económica es disperso y local, Sánchez ha ignorado esa lección básica.

Por tanto, la dimisión de 63 mil millones de euros en préstamos no es un acto de prudencia. La excusa oficial es que los tipos de interés ya no hacen que los créditos europeos sean tan ventajosos. Es una verdad a medias. Si España hubiera solicitado los préstamos a partir de 2021, como hizo Italia, habría disfrutado de financiación a un coste reducido durante los años más duros de la crisis, incluso por debajo del FLA, especialmente en instrumentos como el FRA gestionado por el BEI.

El verdadero problema es que los hitos no se han cumplido en tiempo y forma, con las solicitudes de pago retrasadas más de un año desde el tercer desembolso, nueve meses después del cierre del Plan, más de la mitad de los hitos siguen pendientes y un Gobierno minoritario no tiene capacidad para aprobar las leyes comprometidas con las reformas.

La decisión de no utilizar la mayoría de los préstamos es, en última instancia, una forma de evitar que esta incapacidad se haga aún más evidente.

Mientras tanto, Sánchez ha convertido los fondos europeos en su salvavidas. Ha conseguido mover créditos de un ministerio a otro sin pasar por nuevas cuentas públicas, gobernando modificando créditos con financiación europea.

Es la otra cara del “milagro” presupuestario: Sánchez ha sobrevivido sin nuevos Presupuestos porque tenía una hucha europea que podía reordenar a su conveniencia. Pero la alcancía se acaba y a partir de 2028 comienza la parte más desagradable de esta historia: pagar.

El Plan se financia con deuda común europea que será reembolsada entre 2028 y 2058. España, que aporta alrededor del 9% de la Renta Nacional Bruta de la UE, aportará al presupuesto europeo una parte equivalente a los fondos destinados a subvenciones. Lo dramático es que esas aportaciones adicionales no vendrán de los aumentos del PIB y de las mejoras de productividad que genere el plan, sino de los impuestos de los españoles por el fracaso de Sánchez.

Pagaremos independientemente de si hemos utilizado bien o mal el Plan. Sólo cambia una cosa importante: llegaremos a 2028 con servicios públicos deteriorados, peor infraestructura, menos capital humano y menos inversión privada inducida de la que podríamos haber tenido.

La economía no es una máquina que se pueda calibrar con un manual sacado de un cajón de la oficina económica de Moncloa, sino que depende de un orden complejo basado en reglas generales, incentivos y responsabilidad. El Plan de Recuperación ha sido todo lo contrario: un gigantesco experimento de ingeniería social financiado con deuda, diseñado desde arriba y confiado a un gobierno radical.

El resultado es que seguiremos rezagados en inversión y productividad y, sin embargo, la factura de los fondos llegará puntualmente entre 2028 y 2058, mientras Sánchez ya no estará para pedirle cuentas y nadie en el actual Consejo de Ministros permanecerá en su asiento. Pero los contribuyentes, las empresas y las generaciones futuras estarán aquí. Y tendrán que pagar por una fiesta a la que apenas fueron invitados y de la que, por supuesto, no han salido más prósperos.

Santiago Sánchez López – Economista