La Fiscalía mantiene su petición de condenas por el asesinato de Samuel Luiz
La Fiscalía y las acusaciones mantienen su petición de penas de entre 22 y 27 años de cárcel para los cinco acusados por el crimen de Samuel Luiz. Sin embargo, como explicó la fiscala este jueves en una nueva sesión del juicio que se celebra en la sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña, se incluye una calificación subsidiaria para Catherine Silva y Alejandro Míguez, a quienes señala, como alternativa, como cómplices del delito de asesinato.
En este último caso, la petición es de 14 años y 6 meses de cárcel para Silva -en lugar de 25- y 13 años para Míguez -en vez de 22-, pues el Ministerio público entiende que «con su participación facilitaron» la agresión a Samuel Luiz y fueron conscientes del «dolor» de la víctima y de que «podían causarle la muerte».
El letrado de Diego Montaña -la Fiscalía y acusaciones piden 25 años- planteó que los hechos sean considerados «homicidio por imprudencia grave y delito de lesiones«, para lo que solicita tres años de cárcel, o, alternativamente una pena de 10 años por un delito de homicidio con agravante de abuso de superioridad. Expuso que, aquella madrugada, «estaba afectado por la ingesta de bebidas alcohólicas».
El abogado de Alejandro Freire Yumba -la Fiscalía y acusaciones piden 22 años- solicitó que los hechos sean constitutivos de un delito de lesiones, o subsidiariamente de homicidio imprudente u homicidio. Señaló que, en el caso de su defendido, concurre la atenuante o eximente de «alteración psíquica e intoxicación», pues había consumido alcohol y drogas aquella noche y padece un trastorno mixto de personalidad y de hiperactividad». Entiende que no concurren agravantes, pero, de existir alguna, sería «abuso de superioridad».
Para Kaio Amaral -la Fiscalía y las acusaciones piden 27 años-, su abogado pide la libre absolución, pues considera que «no es autor de ningún delito ni cómplice de asesinato ni de homicidio». Sí admitió la apropiación del móvil de Samuel Luiz, pero no robo con violencia, por lo que propuso el pago de una multa e indemnizar a los padres de la víctima con 859 euros, que es el valor del teléfono sustraído y no recuperado.
El letrado de Alejandro Míguez -la Fiscalía y las acusaciones piden 22 años- ha manifestado que el acusado «no intervino» en la agresión, «no agredió a Samuel ni impidió que terceros lo auxiliasen». Por ello, pide la libre absolución de su defendido o, subsidiariamente, un delito de lesiones.
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El abogado de Catherine Silva -la Fiscalía y acusaciones piden 25 años- solicita la libre absolución de la acusada, sin proponer ninguna alternativa.
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