El Comité Ejecutivo extraordinario de CEOE acordó ayer elevar el salario mínimo interprofesional (SMI) un 1,5% hasta 2026, lo que supone alcanzar los 16.824 euros brutos anuales no exentos del IRPF, equivalentes a 1.201 euros brutos mensuales en 14 pagas. Una propuesta que está a años luz de la petición de los sindicatos, de un aumento del 7,5% si no está exento de impuestos, y de al menos el 3% si sigue exento.

La patronal justifica su decisión en un comunicado porque consideran que el SMI ya ha superado el 60% del salario medio neto y porque está en línea con lo previsto para los empleados públicos para el próximo año. Recuerdan que los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) muestran que el SMI ya habría superado ese nivel utilizado reiteradamente por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, como criterio para su determinación y en línea con los objetivos de la Directiva europea de salarios mínimos a la hora de fijar el SMI.

El vicepresidente segundo ya ha avisado de que, si se empieza a gravar el salario mínimo, la subida de 2026 «será relevante» porque «el tipo marginal que se aplica a estos niveles de renta es igual a 100.000 euros, superando el 50%, y eso es muy injusto fiscalmente».

Los sindicatos, que han defendido que ese salario comience a tributar, han cuantificado que el 60% del salario neto medio en 2026 asciende a 1.216 euros mensuales, 17.024 euros al año, lo que supondría un incremento del 2,7% respecto a los 1.184 euros actuales si se mantuviera exento del IRPF como hasta ahora, pero han reclamado ese aumento del 7,5% si esa situación cambia y el fisco exige impuestos.

El año pasado, con la subida del 4,4% que situó el SMI en 1.184 euros brutos mensuales, el Ministerio que dirige María Jesús Montero abogó por que se empezara a pagar impuestos, algo a lo que Laboristas se opuso y que se tradujo en una solución temporal en forma de exención para este año.

Trabajo convocó a su comité de expertos que ya trabaja en la elaboración de la recomendación de un tramo de aumento, que luego trasladará a patronal y sindicatos, aunque la fijación del SMI es competencia del Gobierno y no requiere esa negociación. En los últimos años las revalorizaciones se han pactado únicamente con UGT y CC OO, mientras que CEOE y Cepyme se han retirado del acuerdo.

Díaz ya ha avisado de que quiere modificar la legislación y transponer la directiva de salario mínimo que, entre otras cosas, impide a las empresas subir los salarios absorbiendo bonificaciones y complementos salariales, algo que los sindicatos llevan años pidiendo.