Este jueves, la Corte Suprema acogió el último día de la histórica juicio al fiscal general del estado. Una sesión en la que acusaciones han sido los primeros en presentar sus informes finales. Y todos han coincidido en atacar el periodistas que han declarado que tuvo acceso al contenido del correo electrónico filtrado, que está en el epicentro de este caso, antes Álvaro García Ortizcuestionando su credibilidad para proteger sus fuentes y acusándolos de mentir.

Quien ha tomado la delantera ha sido el propio abogado de González Amador, que ejerce la acusación particular y a quien algunas de las acusaciones populares han cedido parte de su tiempo de intervención. El abogado del novio de Isabel Díaz Ayuso, Gabriel Rodríguez Ramos, ha acusado a la Fiscalía de crear «una historia institucional de confesión y culpa» contra su cliente para utilizarlo políticamente.

Una idea que ha reiterado una y otra vez en su alegato final, en el que ha subrayado que ese «relato» del «criminal confeso» también ha sido «apoyado día a día por el Gobierno». Así, ha defendido que incluir citas textuales del ya célebre correo electrónico en el que el abogado Carlos Neira reconocía que «seguramente se han cometido dos delitos fiscales», «no era necesario para neutralizar ningún engaño», sino que «era un relato público o institucional de confesión y culpabilidad firmado y en boca del Ministerio Público«.

De esta forma, ha presentado a su cliente como una víctima que ha visto sus derechos devastados a la intimidad y a la protección de datos, pero también a la presunción de inocencia y defensa, lo que ha abierto la puerta a impugnar el caso en su contraen el que se le atribuyen, entre otros, delitos de defraudación fiscal y falsedad documental. «¿Qué defensa se va a practicar en este procedimiento?» cuestionó, en alusión a «una sentencia popular a un delincuente confeso», que, asegura, también ha sido ejecutada por políticos.

Ataques a periodistas

Según el abogado, también se sumó la prensa, para quienes también tuvieron palabras, ya que han cuestionado las declaraciones del periodistas que han declarado estos días en el juicio, cuestionando su credibilidad debido a que pueden beneficiarse de la Derecho a no revelar tus fuentes.. En este sentido, ha afirmado que sus declaraciones no pueden valorarse como testimonios normales, sino con especial «cautela». Básicamente los ha acusado de mentir.

En concreto, ha cuestionado que el periodista de la ‘Cadena SER’ Miguel Ángel Campos no ha revelado su fuente, señalando al fiscal general como la misma. En este sentido, ha subrayado que no ha mostrado sus mensajes con García Ortiz y su responsable de comunicación, Mar Hedo: «No hay ningún compromiso con tu fuente, a menos que sea tu fuente»él ha sentenciado.

El abogado de González Amador, en cualquier caso, ha apuntado a una estrategia del fiscal que supondría filtrar el correo electrónico a los medios y luego tapar la notaprensa el cual fue posteriormente emitido por la Fiscalía. «Los medios que utilizan los políticos para la revelación no son válidos para el Ministerio Público, que tiene el deber de confidencialidad y secreto reforzado», argumentó.

El resto de acusaciones, interpuestas por el Colegio de Abogados de Madrid, la Fundación Foro Libertad y Alternativa -junto a Vox y Hazte Oír-, APIF y Manos Limpias, han coincidido con el abogado de González Amador en cargar contra los periodistas y en restar importancia a que el volcamiento de los dispositivos del fiscal general durante el registro de su despacho fue total, cuando debería haber sido limitado en el tiempo, para desmontar así un punto en el que Las defensas tuvieron mucho impacto el día anterior..

Las acusaciones también han presentado como prueba incriminatoria la dispositivos de limpieza por el fiscal, quien la víspera lo justificó como una medida periódica de seguridad. En el caso de Clean Hands, una organización representada por un abogado que asesora al PP en el Senadoha elegido entrar en ruta alternativa de acusaciones si no hubiera condena por revelar secretos: el infidelidad en la custodia de documentoscon penas de multa e inhabilitación, pero no de cárcel.

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