Las energéticas celebran el ‘ascenso’ de Aagesen… en plena amenaza de parón de inversiones por el impuesto
El sector energético celebra el gran ‘ascenso’ de Sara Aagesen. La actual secretaria de Estado de Energía es la elegida por Pedro Sánchez como sucesora de Teresa Ribera como ministra para la Transición Ecológica y también como vicepresidenta tercera del Gobierno. Y las compañías y las grandes patronales del sector aplauden la elección de un perfil plenamente técnico y que se trate de un relevo plenamente continuista: Aagesen lleva años siendo de facto la mano derecha de Ribera y acumula una amplísima experiencia en la sala de mandos de la política energética nacional.
Los grandes grupos y las asociaciones sectoriales destacan sin excepción su actitud dialogante, y su conocimiento pleno de la industria y de la regulación. El gran miedo a que el relevo lo protagonizara un perfil plenamente político y que empezara de cero en la materia ahora se disipa. Desde los sectores de las grandes eléctricas, las petroleras, las gasistas y las renovables no se oculta la satisfacción de que al frente de la política energética se sitúe a quien ha sido su interlocutora directa en los últimos años, a pesar de los choques por las regulaciones excepcionales durante lo peor de la crisis energética (de los recortes de beneficios a la ‘excepción ibérica’) y a los actuales encontronazos con el Gobierno a cuenta del impuesto especial a las grandes energéticas.
“Su designación es un reconocimiento a su destacada trayectoria y al compromiso demostrado con la sostenibilidad y la transición energética de nuestro país. La valoración de su nombramiento no puede ser más positiva, puesto que significa continuidad”, subrayan desde la Asociación Empresarial Eólica (AEE). “Satisfacción con el nombramiento porque implica de continuidad en la senda de la transición ecológica. Ha demostrado un compromiso y eficiencia en la labor realizada a este respecto desde su anterior cargo”, apunta igualmente la Unión Española Fotovoltaica (UNEF).
Aagesen es desde enero de 2020 secretaria de Estado de Energía del ministerio, al que se incorporó dos años antes como asesora del gabinete de Ribera en el primer gobierno de Sánchez. No era una asesora al uso, entonces ya se responsabilizó de la dirección y definición del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030 y de la Estrategia a Largo Plazo 2050, las dos grandes hojas de ruta sobre las que se asienta la política energética nacional y que son el pilar de todos los objetivos ambientales para las próximas décadas.
Desde la patronal eléctrica Aelec, que agrupa a Iberdrola, Endesa y EDP, se destaca la “relación fluida y de confianza” mantenida en los últimos años con la que será nueva vicepresidenta. Desde la asociación de las grandes petroleras AOP, en la que se integran Repsol, Moeve, BP o Galp, ponen en valor el trabajo compartido con Aagesen en los últimos años y que sea “una persona conocida para el sector”. Y desde la patronal gasista Sedigás aplauden su «amplia y contrastada experienica en el sector energético», su «capacidad de interlocución con los difernetes agentes del sector» y su «compromiso con la sostenibilidad».
“El nombramiento de Sara Aagesen supone un acierto y dota de continuidad a la labor realizada, habiendo liderado Aagesen gran parte de las iniciativas llevadas a cabo por el Ministerio. Es una profesional con un alto conocimiento a nivel técnico y una importante experiencia en la configuración del marco regulatorio del sector energético”, abunda, por su parte, José Luis Moya, director general de la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA).
Ofensiva contra el ‘impuestazo’
La celebrada designación de Aagesen como sucesora al frente de la política energética llega en pleno choque de las grandes energéticas con el Gobierno a cuenta de la prórroga del impuesto extraordinario. El Ejecutivo de coalición salvó in extremis en el Congreso la aprobación de la reforma fiscal exigida por la Unión Europea, tras pactar a varias bandas con los socios parlamentarios una prolongación del gravamen a los gigantes del sector energético durante otro año más y sobre la que ahora deberá concretar los detalles negro sobre blanco. Una tarea que le corresponderá directamente a la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, pero que también condicionará los primeros pasos de la nueva vicepresidenta ecológica.
Antes de la votación en el Congreso, las grandes energéticas se unieron en una ofensiva inédita contra la prórroga del impuesto extraordinario sobre sus ventas durante un año más y amenazaron con paralizar inversiones verdes de hasta 30.000 millones previstas para los próximos tres años. Todos los gigantes españoles de la energía sumaron fuerzas en una revuelta histórica con un comunicado conjunto a través Club Español de la Energía (Enerclub), un lobby al que están adscritas las grandes eléctricas (Iberdrola, Endesa y EDP), gasistas (como Naturgy) y petroleras (Repsol, Moeve, BP y TotalEnergies).
Las compañías asociadas a Enerclub, que actualmente encabeza el presidente de Naturgy, Francisco Reynés, advirtieron que para para alcanzar los ambiciosos objetivos ambientales y energéticos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), será necesario “un proceso inversor perdurable en el tiempo». Un esfuerzo inversor que las compañías ahora amenazan con dejar en el aire. El PNIEC es la hoja de ruta verde del Gobierno para toda la década y su despliegue integral en los próximos años es uno de los grandes objetivos de Sara Aagesen como nueva vicepresidenta de Transición Ecológica.
Todos los retos energéticos
Aagesen se pone al mando de un departamento que es pilar clave de todo el proyecto político de Pedro Sánchez desde llegada a Moncloa, que tiene en el impulso la transición energética un objetivo ineludible. La nueva ministra lleva años participando directamente en el diseño y el despliegue de la política energética nacional, y ahora le toca rematar muchos de los grandes retos aún pendientes y que las compañías del sector le van a ir reclamando.
Entre los asuntos en cartera, la nueva vicepresidenta tendrá que facilitar la ampliación y modernización de las redes eléctricas como paso imprescindible para hacer posible la transición energética e impulsar otra revolución imprescindible como es la de la gran digitalización. La columna vertebral del sistema eléctrico será crucial para integrar no sólo el despliegue masivo de nuevas plantas de energías renovables, también es vitar para conectar los grandes proyectos industriales a las puertas del ‘boom’ de los centros de datos y de las futuras plantas de producción de hidrógeno verde
Las compañías que gestionan las redes eléctricas de transporte (las de alta tensión, en manos de Red Eléctrica de España) y las de distribución (en manos fundamentalmente de las grandes eléctricas, aunque hay 300 compañías operando en el sector) tendrán que ejecutar inversiones milmillonarias en los próximos años para ampliarlas y mejorarlas. El negocio de las redes es una actividad regulada, en el que las compañías ejecutan las inversiones con un tope fijado por ley y por las que se les retribuye a través de los peajes de acceso que se cargan en la factura eléctrica que pagan todos los clientes.
Las grandes energéticas presionan ahora a Gobierno (para poder aumentar esas inversiones levantando los topes legales vigentes) y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (para elevar lo que cobran por sus redes) de cara al proceso de revisión de todo el sistema de retribuciones que se aplicará a partir de 2026 y durante los siguientes seis años.
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El Ministerio afrontará otros avances ineludibles para hacer viable la expansión masiva de las nuevas renovables, impulsando la regulación que permita el despliegue del almacenamiento con baterías, arrancando de una vez los mecanismos de capacidad con los que retribuirá a las tecnologías que sirven para garantizar el suministro frente a la intermitencia de las renovables (con ayudas a las centrales de gas, las hidráulicas de bombeo y las baterías), desatascando el despliegue de la red de puntos de recarga para el coche eléctrico, lanzando nuevas subastas de energías renovables con precios garantizados a largo plazo, activando las normativas para hacer viables las revoluciones del biometano y del hidrógeno verde, y concretando la puesta en marcha de la futura Comisión Nacional de la Energia (CNE), entre otros asuntos.
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