En un círculo vicioso que nunca termina, el Líbano podría verse arrastrado de nuevo a una nueva guerra en su territorio, a medida que Hezbolá y las FDI intensifican su intercambio de fuego. Tras los bombardeos israelíes “preventivos” y la “primera fase” de la venganza de la milicia libanesa por el asesinato de Fuad Skukr en un suburbio del sur de Beirut, el país de los cedros espera con gran expectación la posibilidad de una escalada, con el recuerdo aún fresco de la guerra entre la milicia proiraní y las FDI de 2006. Pero ¿está el Líbano, un Estado políticamente fracasado y económicamente en bancarrota con un tamaño de poco más de 10.000 km2, en condiciones de resistir una nueva guerra total entre Hezbolá y Tel Aviv?

Tras una serie de años de relativa recuperación tras la larga y devastadora guerra civil (1975-1990), el Líbano ha visto cómo su situación económica se deterioraba irremediablemente en el último decenio. El empeoramiento comenzó antes de la pandemia y la crisis sanitaria acabó hundiendo las finanzas públicas del Estado libanés y evaporando la inversión extranjera. En el centro de los problemas, corrupción y mala gestión, El problema se debe en parte a la profunda división de la sociedad en líneas sectarias y partidistas. Un ejemplo de la parálisis del sistema político libanés es que los representantes de los ciudadanos no han sido capaces de encontrar un sustituto para el Presidente de la República casi dos años después del fin del mandato del último jefe de Estado, el general Aoun. Mientras tanto, el sistema financiero libanés sigue resistiéndose a las reformas que insistentemente exige el Fondo Monetario Internacional para completar el rescate previsto de al menos 3.000 millones de dólares. La libra libanesa ha perdido el 100% de su valor en los últimos años.

Desde hace varios años, el país sufre problemas recurrentes en la gestión de la vida cotidiana, como la recogida de basuras o el suministro eléctrico en la zona metropolitana de Beirut. No en vano, las autoridades argelinas anunciaron recientemente el envío de petróleo al Líbano con vistas a alimentar las centrales eléctricas y evitar un apagón total. Las infraestructuras languidecen sin capacidad para mantenerlas o mejorarlas, como es el caso del puerto de la capital, víctima de una enorme explosión en agosto de 2020 que dejó 218 muertos y aún no hay responsables. El actual sistema de salud pública sería incapaz de hacer frente a una guerra. La inseguridad ha acabado prácticamente con el turismo.

Un estado dentro de un estado

Y allí donde las administraciones no llegan, está Hezbolá -lo más parecido a eso, un Estado dentro de un Estado- siempre dispuesto, gracias al dinero de Irán, a ayudar a los más desfavorecidos o a garantizar la seguridad en las calles de sus bastiones. La fragilidad del Estado y la intervención de actores extranjeros, con Irán a la cabeza, contribuyen en un ciclo sin fin a aumentar la simpatía de los libaneses por la organización y a acentuar la dependencia del país del exterior. La presencia cada vez más fuerte de Hezbolá en territorio libanés no ha impedido el aumento de la pobreza. Según datos del Banco Mundial, el 73% de los ciudadanos libaneses vive en situación de pobreza o cercana a ella.

Aunque hasta ahora los enfrentamientos entre Israel y las milicias que representan a buena parte de la comunidad chií del Líbano se han limitado al sur del país, la posibilidad de que Tel Aviv vuelva a atacar, como ha hecho en los últimos meses, por ejemplo en los suburbios del sur de la capital, donde Hezbolá tiene uno de sus bastiones, es alta. En las provincias del sur cercanas a la frontera israelí, más de 100.000 personas se verían obligadas a abandonar sus hogares. Una guerra abierta entre Hezbolá e Israel hundiría al Líbano, con sus casi seis millones de habitantes y más de un millón de refugiados sirios y su precaria situación económica, en un colapso casi seguro.

Naciones Unidas ya ha hecho sus cálculos y estima que el coste inicial del estallido de la guerra para restablecer la vida normal en estas zonas sería de 100 millones de dólares. Según cifras del gobierno libanés recogidas por la agencia AP, a las arcas públicas les cuesta 24 millones de dólares al mes ayudar a los desplazados y a las 60.000 personas que permanecen en las zonas más afectadas por el conflicto.