La ocupación ilegal es un tema de especial preocupación en las principales capitales europeas. Aunque ahora se posiciona como un problema importante que afecta a toda la sociedad debido a su aumento, la realidad es que es un proceso progresivo que ha aumentado sus datos a lo largo de los años. Sin embargo Hay países que, con el fin de revertir la situación y reducir el dilema, han logrado implementar las leyes apropiadas para frenar su proliferación. No es el caso de España, porque, junto con Portugal, acumula los índices de usurpación de propiedades privadas más altas.

En este sentido, el Presidente del Consejo de Ministros de Italia, Giorgia Meloni, ha lanzado un nuevo decreto de seguridad que, entre otras cosas, endurece las medidas que se tomarán en este tipo de casos. De esta manera, la carta incluye nuevos delitos y el endurecimiento de las sanciones contra las actividades de consideración ilegal, incluidos los ya mencionados. Aunque ya estaba aprobado a fin de mes en la Cámara de Diputados, En el escrutinio de los votos de los senados, 109 favorables, solo una abstención y 69 contra.

De esta manera, se implementan catorce crímenes en la legislación. La votación ha estado exenta de la controversia, ya que la oposición ha mostrado un fuerte negativo antes de muchas de las enmiendas del decreto. Cabe señalar que, la principal crítica de los opuestos de Meloni recae en lo que consideran un ataque a la libertad de expresión. Este sector valora las nuevas regulaciones del ataque que estiman el derecho a demostrar pacíficamente. Por otro lado, la norma pregunta en casos de terrorismo e incluye cierta «protección legal específica» para la policía o militares investigados o acusados ​​como resultado de sus actos de servicio.

El endurecimiento de Meloni con los ocupantes ilegales

El nuevo crimen enunciado como «ocupación arbitraria de una propiedad para un hogar extranjero» encuentra un fuerte endurecimiento en términos de sentencias de cárcel. En un asunto, el castigo incluye una estadía en la prisión de dos a siete años. También se aclara un procedimiento de emergencia para la liberación de la propiedad transcurrida por estos delincuentes. Esto significa que la ley cubre la acción directa e inmediata de las autoridades siempre que se dan las condiciones aclaradas de usurpación.

El propósito del líder conservador, a pesar de las quejas, es penalizar seriamente los ejercicios ilícitos que anteriormente tenían un placer legal y proteger a las autoridades de ciertos riesgos de su ocupación profesional. «La legalidad y la seguridad son pilares de la libertad. Y continuaremos defendiéndolos con determinación«dijo el presidente.

La situación en España: ¿es posible un cambio similar?

En 2018, el promedio de una acción de desalojo por ocupación ilegal fue de 11.7 meses en promedio. El año después de esto, el promedio ascendió a 13.1 meses y, finalmente, en 2020 el período se consolidó en aproximadamente 16.7 meses. Y fue en 2021 cuando los dieciocho meses mencionados anteriormente se materializaron en una realidad. Otro hecho alarmante del increíble aumento en este evento es que el número de casos informados es cada vez más alto. En 2024 se recuperó 7.4% en toda España, con 16.426 hechos conocidos por las fuerzas de seguridad. Algunas cifras de que un país como España no puede permitirse.

Por el contrario, en este curso se han implementado ciertos cambios significativos que causan la resolución de ciertos eventos en un corto período de tiempo. La nueva ley establece que si se detecta la sentadilla en las primeras 48 horas desde el Allanamientcualquiera. De esta manera, la norma claramente diferencia entre los dos términos a considerar.

Por un lado, La «búsqueda púrpura», que representa la ocupación de una casa que constituye la residencia habitual de una personay, por otro, la «usurpación», en relación con una propiedad que no es la residencia habitual del propietario. Aunque el caso de Italia está en un extremo ciertamente lejos de España, parece que los principales gobiernos se están dando cuenta y cada vez más las reglas que regulan esta práctica son.