La colaboración entre notarios y gestores administrativos da un paso decisivo hacia la digitalización de la seguridad jurídica en España con la firma de un nuevo acuerdo lo que permitirá a los ciudadanos realizar trámites notariales sin necesidad de desplazamientos, apoyándose en la interconexión de las plataformas de ambos sectores y el refuerzo de las sedes electrónicas notariales. El acuerdo busca combinar tecnología, proximidad y garantías jurídicas en un único ecosistema de atención al ciudadano.

El acuerdo se basa en una idea central: la colaboración institucional como palanca mejorar el acceso a los servicios jurídicos en todo el territorio. Gracias a la integración de sistemas, los ciudadanos podrán realizar actos jurídicos a distancia, pero manteniendo intacta la seguridad jurídica que caracteriza al sistema notarial español. La red resultante tendrá cobertura nacional, lo que permitirá homogeneizar el acceso a estos servicios independientemente del lugar de residencia.

El presidenta del Consejo General del Notariado, Concepción Pilar Barrio Del Olmodestacó durante la presentación del acuerdo que se basa en la experiencia de colaboración previa entre ambos grupos y en el avance de la digitalización del sector. «Este acuerdo lo hemos basado en la colaboración y permitirá a los ciudadanos realizar actos jurídicos sin desplazamientos, pero con seguridad jurídica», afirmó. Barrio destacó también el papel de la tecnología como facilitadora de esta nueva etapa, especialmente a través de la informatización de la notaría y su sede electrónica, pionera en España.

En este proceso, los Notarios han desarrollado herramientas con gran capacidad de gestión de datos. Su índice informático único cuenta con más de 47 millones de registros de personas naturales y alrededor de 3 millones de personas jurídicas, una base de información que permite reforzar la trazabilidad y seguridad en las operaciones jurídicas. Todo ello, tal y como ha explicado Barrio Del Olmo, ha sido diseñado bajo dos principios esenciales: ciberseguridad y usabilidad.

Desde el ámbito de los directivos administrativos, el presidente del Consejo General de Colegios de Directivos Administrativos, Fernando Jesús Santiago OlleroDefendió que el proyecto no es simplemente una mejora tecnológica, sino un cambio estructural en la forma de entender la relación entre administración y ciudadano. «No estamos ante una herramienta más, sino una nueva forma de acercar la seguridad jurídica a las personas», afirmó, insistiendo en que la digitalización sólo tiene sentido si se traduce en igualdad de acceso.

Ollero destacó que el proyecto Genoe parte de una premisa clara: la tecnología debe estar al servicio de las personas y no al revés. En su intervención ha destacado que “cuando la tecnología se utiliza para facilitar la vida de los ciudadanos, se convierte en un instrumento de igualdad”, ya que permite que cualquier persona, independientemente de su situación geográfica o personal, pueda acceder a un notario con el apoyo de su responsable administrativo.

El líder de los responsables administrativos también insistió en el carácter práctico del acuerdo, que permitirá reducir tiempos de gestión, evitar desplazamientos innecesarios y simplificar trámites tanto para ciudadanos como para empresas. En su opinión, esta colaboración «demuestra que la cooperación entre profesiones reguladas es posible y necesaria para mantener la confianza en el sistema».

nadie se queda atrás

Ollero fue más allá al señalar que el modelo representa un cambio de paradigma. «No es sólo una transformación tecnológica, es una transformación cultural que sitúa al ciudadano en el centro del sistema», ha explicado, defendiendo que el objetivo final es construir una administración más accesible, más humana y más eficiente.

Una de las principales novedades del acuerdo es su dimensión inclusiva. A partir de su implantación, los gestores podrán desplazarse hasta el domicilio del cliente cuando no puedan acudir a una notaría, lo que permitirá acercar los servicios jurídicos a personas mayores, dependientes o residentes en zonas rurales. Según Ollero, este aspecto es clave porque «es un sistema pensado para no dejar a nadie atrás».

El acuerdo también destaca el papel de la confianza como elemento estructural del ordenamiento jurídico español. Tanto notarios como gestores coinciden en que la digitalización no debe debilitar este principio, sino reforzarlo a través de herramientas que garanticen la transparencia, la trazabilidad y la seguridad en cada operación.

En conjunto, el proyecto supone un avance hacia un modelo de relación más ágil entre ciudadanía y administración, en el que la tecnología actúe como puente y no como barrera.