El Ministerio de Trabajo encabezado por Yolanda Díaz ha emprendido una cruzada contra las empresas de la Comunidad Valenciana. En concreto, ha puesto el punto de mira en las empresas que han utilizado el salvoconducto emitido por la Generalitat para seguir dando servicio durante la alerta roja por la nueva DANA que ha vuelto a azotar a la comunidad autónoma.

Este es un documento emitido por la Generalitat Valenciana con el objetivo de que las empresas que prestan servicios basicos tendrán la posibilidad de continuar realizando su actividad. A través del documento, los empleados que integraban su plantilla pudieron acceder a sus puestos de trabajo, pero también regresar a sus hogares al finalizar la jornada laboral.

Pasajes seguros para brindar servicios básicos

El 13 de noviembre, cuando se expidieron los salvoconductos, la Generalitat Valenciana publicó en su Diario Oficial una orden que ofrecía la posibilidad de movimiento a empresas que prestaban servicios básicos, como distribución de alimentos, suministro de energía o telecomunicaciones.

Cabe recordar que el Centro de Coordinación de Emergencias había establecido la alerta por lluvias de nivel naranja en el litoral sur de Valencia y el litoral norte de alicante y la alerta por lluvias de nivel amarillo en el litoral de Castellón y litoral norte de Valencia, así como la alerta por fenómeno costero de nivel amarillo en el litoral de Castellón, Valencia y litoral norte de Alicante.

En este contexto, la Consejería de Interior y Justicia valenciana emitió salvoconductos a varias cadenas de supermercados, entre ellas Mercadona, Consum, Aldi o Lidlen el que les dio luz verde para circular y proceder a distribuir sus productos a pesar de la alerta meteorológica, al considerarlo un servicio «necesario».

Las empresas, entre el fuego cruzado

El departamento que dirige Díaz ha aprovechado la emisión de estos documentos para atacar al Gobierno liderado por el popular Carlos Mazón. «No existe ningún salvoconducto que valga para poner en peligro la vida de los trabajadores», destacó durante la rueda de prensa celebrada tras el Comité de Crisis por los efectos de las lluvias torrenciales, la Secretaria de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey.

También criticó que el Ejecutivo valenciano conceda justificaciones empresariales, ya que el desarrollo de normas en materia de prevención laboral es competencia exclusiva del Estado y la Generalitat Valenciana no tiene competencia para otorgar salvoconductos a las empresas para garantizar la circulación de los empleados hasta sus trabajos durante las alertas meteorológicas.

El fuego cruzado entre la Generalitat Valenciana y el Ministerio de Trabajo ha atrapado a las empresas. Pese a contar con el salvoconducto, serán investigados por inspectores de trabajo, advirtió Pérez Rey, quien también advirtió que comprobarán si obligaron a los empleados a «acudir al lugar de trabajo en circunstancias que no son seguros y que pueda comprometer su integridad.

De hecho, la secretaria de Estado de Trabajo explicó que de momento se han abierto 80 expedientes contra empresas por este motivo y reconoció que han dado a los inspectores «órdenes estrictas» de vigilar el cumplimiento de los deberes de seguridad de las empresas con sus trabajadores y que trabajarán «con todos los energía eso es necesario.