Tras una caótica, rocambolesca y maratoniana sesión, el Gobierno salvó in extremis en la comisión de Hacienda del Congreso algunos puntos de la reforma fiscal que pretendía incluir en el proyecto de ley de un gravamen mínimo del 15% a las multinacionales, para cumplir con el mandato de la Unión Europea (UE) y evitar sanciones. De todas formas lo que prosperará está a expensas del pleno del próximo jueves. En un último giro de guión de madrugada, el Ejecutivo se comprometió con ERC, EH Bildu y BNG a prorrogar el impuesto a las energéticas durante un año más para lograr su apoyo, con alguna excepción que beneficia a las empresas comprometidas con la descarbonización, apartado en el que podría incluirse a Repsol, para respetar el acuerdo alcanzado con anterioridad con Junts. A su vez, las tres formaciones de izquierdas han aceptado también prorrogar el impuesto a la banca en los términos que pactó el PSOE con Junts y el PNV. Con este pacto el Ejecutivo ha logrado salvar la fiscalidad mínima global del 15% para las multinacionales y varias de las medidas de su plan fiscal que ya se han introducido en la norma, pero queda el trámite del pleno, en el que podrían producirse nuevos giros de guión en esta especie de película de suspense y que entren finalmente iniciativas que por ahora parece que quedan fuera por falta de apoyos suficientes, como pasa, por ejemplo con el IVA del 21% a los pisos turísticos.