MADRID 15 de noviembre (EUROPA PRESS) –

Agentes de la Policía Municipal de Madrid llevaron a cabo esta semana una operación en la que incautaron más de 1,2 millones de productos cosméticos potencialmente peligrosos para la salud en diversos establecimientos, según confirmó a Europa Press un portavoz de la Policía Local.

En este operativo se inspeccionaron tres naves asociadas a una misma marca comercial: dos situadas en Usera y una cerca de la calle Bravo Murillo. Uno de ellos no contaba con ventilación y presentaba graves fallas de higiene y seguridad; almacenó alrededor de 3.500 litros de sustancias altamente inflamables, como disolventes, acetona y geles hidroalcohólicos, poniendo en peligro a empleados y vecinos.

Otro almacén albergaba mil cajas de esmaltes de uñas que contenían componentes tóxicos como formaldehído y benzofenona, que se vendían a salones de belleza. Además, las instalaciones presentaban graves problemas eléctricos, con cables expuestos y conexiones improvisadas, sin sistemas básicos de extinción de incendios.

En total, entre los productos ilegales almacenados se encontraban materiales altamente peligrosos que no cumplían las normas de seguridad e higiene, lo que supone un importante riesgo para la salud pública, ha detallado el diario ‘El Mundo’.

OPERACIÓN COORDINADA Y RED DE CONTRABANDO

La operación fue posible gracias a la colaboración entre diversas entidades, como el Área de Control Farmacéutico y Productos Sanitarios de la Comunidad de Madrid, las juntas municipales de Usera y Tetuán, el Servicio de Vigilancia Aduanera, la Agencia Española del Medicamento y el departamento de Bomberos de Usera.

Según las autoridades, los productos confiscados, procedentes de China, carecían de la documentación obligatoria para su entrada a Europa. Esto ha llevado a las autoridades fiscales a investigar una posible red de contrabando vinculada a esta empresa.

El caso ha sido remitido a la Unidad de Delitos Económicos y Violentos (UDEV) de la Policía Nacional, que investiga ahora posibles delitos contra la propiedad industrial y la distribución de cosméticos con componentes tóxicos.

Durante la inspección, los agentes también encontraron productos sellados hace más de un año que, según la normativa, deberían haber sido destruidos en el plazo de 15 días. El responsable del negocio admitió conocer esta obligación, pero alegó dificultades logísticas para deshacerse de los artículos.