El Gobierno sigue acumulando retrocesos debido a la política implementada sistemáticamente por el Ministerio de Transición Ecológica, que todavía dirige la vicepresidenta tercera, Teresa Riberacuya polémica candidatura a la Comisión Europea tiene estancado al Ejecutivo comunitario.

Este último procede de Estados Unidos y su efecto hace que se considere a España «de facto» un país deudor en ese país por impagos a renovables. En concreto, debido a la decisión del Tribunal de Distrito de Columbiaque ha ordenado el cumplimiento del laudo arbitral emitido por el CIADI a favor de la japonesa JGC Corporation, consolidando una obligación de pago de 36,1 millones de dólares.

La sentencia del juez Rudolph Contreras permite a los litigantes solicitar la ejecución del laudo en Estados Unidos, otorgándoles herramientas jurídicas adicionales ante la negativa de pago de España y los retrasos en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales, indican fuentes cercanas al procedimiento.

A partir de ahora España no es sólo un país deudor ante la justicia Australia, Bélgica o Reino Unidopero también de Estados Unidos, que asume el laudo del CIADI y le dará la misma validez y tratamiento que una sentencia dictada en sus tribunales de justicia.

El revés es doble porque el importe reconocido incluye intereses de demora que Han aumentado la deuda inicial un 53,6%, revelan las mismas fuentes. Además, desde esta sentencia el El interés se calculará al 4% anual, triplicando la tasa al que se le había aplicado.

Las consecuencias son múltiples. Al descrédito por los bandazos ante los inversores presentes y futuros en plena «revolución verde», la fallida política de Ribera se suma a haber colocado a España al nivel de Venezuela y Rusia sobre el incumplimiento de las sentencias de los tribunales arbitrales, y la creciente deuda contraída por los intereses acumulados.

Asimismo, España se arriesga al embargo de activos en EE.UU. si no cumple la sentencia en un momento de cambio de rumbo en la política estadounidense. Y España ya ha sufrido fracasos que Abren la puerta al embargo de inmuebles, activos financieros, títulos de deuda, cuentas bancariasetc.

JGC Corporation, que se vio afectada por recortes retroactivos en las primas de energías renovables, Inició su reclamación en 2015 por 93,5 millones de euros. El Ciadi falló a su favor en 2021, pero España intentó anular el laudo sin éxito en un proceso que concluyó en febrero de 2024.

España debe a sus acreedores 1.562 millones de euros en concepto de indemnización y cara Costes adicionales financieros y legales de 326 millones adicionales..

En su interrogatorio ante el Parlamento Europeo, Ribera reconoció su implicación en esa fallida política de dilación de sentencias, que la obligará a retirarse de la investigación en caso de que las denuncias lleguen a Bruselas.